El Departamento de Justicia gastó más de $100 millones en los últimos cuatro años en programas educativos relacionados con la justicia restaurativa, el aprendizaje socioemocional y la diversidad, equidad e inclusión (DEI), según un informe reciente publicado por Parents Defending Education (PDE), una organización conservadora que busca recuperar las escuelas de los activistas que imponen agendas perjudiciales.
El informe, que se dio a conocer el jueves, revela que entre 2021 y 2024, el DOJ otorgó y distribuyó un total de USD 100.113.942 en subvenciones a más de 900 distritos escolares en 36 estados. Esta cifra fue detallada por el medio Daily Wire, que fue el primero en informar sobre el asunto.
Desglosando los gastos, el informe especifica que el DOJ destinó USD 45.207.178 en propuestas de proyectos que mencionan de manera general prácticas restaurativas o aprendizaje socioemocional.
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Además, USD 32.084.529 se destinaron a propuestas que discutieron temas de diversidad, equidad o inclusión, o que explicaban explícitamente cómo el proyecto estaba diseñado para mejorar los resultados de un grupo demográfico específico.
Por otro lado, USD 19.881.347 se gastaron en la certificación de consultores que a menudo promueven conceptos considerados divisivos, como la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de género y la teoría queer.
Otra parte significativa de los fondos, USD 10.296.100, se destinaron a propuestas que buscaban contratar nuevos administradores, como un «facilitador de justicia restaurativa».
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Entre los ejemplos citados en el informe, se destacan casi USD 2 millones otorgados al Departamento de Educación de Minnesota para «crear ambientes de aprendizaje seguro donde se incorporen prácticas de antirracismo y anti opresión».
También se menciona un millón de dólares destinados al condado de Ocean en Nueva Jersey para reducir la violencia, equiparando el “burlarse” con “opresión y todas las formas de violencia”. Estos ejemplos subrayan el enfoque del DOJ en promover prácticas inútiles relacionadas con la equidad y la inclusión.
El informe también abordó el programa STOP School Violence del DOJ, el cual, según PDE, tiene como objetivo «mejorar el clima escolar» mediante el reemplazo de las medidas disciplinarias tradicionales con el aprendizaje socioemocional.
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El informe señala que muchas veces, cuando las escuelas mencionan «mejorar el clima escolar», lo que en realidad están proponiendo es reemplazar la disciplina excluyente con prácticas restaurativas y aprendizaje socioemocional, lo cual no hace más que agravar ciertas situaciones.
La PDE explica que la disciplina excluyente consiste en separar al disruptor del aula, lo que permite que el resto de la clase continúe aprendiendo sin interrupciones. Por otro lado, las prácticas restaurativas tienden a interrumpir el tiempo de clase de más estudiantes, ya que tanto el infractor como la víctima son reunidos para hablar sobre lo sucedido y “reparar el daño”.
Este enfoque es visto por PDE como problemático, pues según su perspectiva y la realidad, las interrupciones en el aula afectan a otros estudiantes que podrían beneficiarse de una disciplina más tradicional.
El informe también menciona que los números proporcionados se basan únicamente en los datos disponibles, lo que implica que algunos condados que recibieron múltiples subvenciones solo fueron contados una vez, lo que sugiere que el monto total podría ser considerablemente mayor de lo informado.
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A lo largo del informe, se destaca que el gasto total del DOJ en programas relacionados con la diversidad, equidad e inclusión va mucho más allá de los $100 millones mencionados inicialmente.
En total, según los cálculos del informe, el DOJ gastó USD 489.883.797 en subvenciones para contrataciones basadas en la raza, USD 343.337.286 en programas generales de DEI, y USD 169.301.221 en capacitación y programación de salud mental basada en DEI. Esto da un total de USD 1.002.522.304,81 gastados en todas estas iniciativas entre 2021 y 2024.
Los hallazgos del informe son una crítica directa a las ideologías progresistas impuestas dentro de las escuelas, en especial aquellas relacionadas con la teoría crítica de la raza, la teoría de género y las prácticas restaurativas, las cuales generan divisiones y afectan negativamente el ambiente educativo.
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El informe de PDE sobre los gastos del Departamento de Justicia destaca cómo una cantidad significativa de fondos se ha destinado a proyectos adoctrinadores relacionados con la equidad, la inclusión y la justicia restaurativa.
Mientras que los defensores de estas iniciativas argumentan erróneamente que son esenciales para crear un entorno educativo más inclusivo y equitativo, críticos como PDE advierten sobre los riesgos de imponer estas ideologías y prácticas en las escuelas, lo que posee fuertes efectos disruptivos en el aprendizaje y la cohesión social dentro de los centros educativos.