La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según varios tratados y organismos internacionales, que afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades.
Este delito, también tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, implica la privación de libertad por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a informar sobre el paradero de la persona.
En Ecuador, los casos emblemáticos de desapariciones forzadas revelan un patrón de negligencia, encubrimiento e impunidad. Desde los hermanos Restrepo hasta la reciente desaparición de cuatro adolescentes en Guayaquil, las cicatrices de estas tragedias persisten.
Desde el año 1984 hasta el 2008, Ecuador registró 456 víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en el país. De ellas, 17 personas fueron víctimas de desaparición forzada y aún se desconoce el paradero de 13, según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).
El 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, de 17 y 14 años respectivamente, desaparecieron tras ser detenidos por agentes de la Policía Nacional. Las investigaciones determinaron que los hermanos fueron torturados y asesinados, y sus cuerpos arrojados a la Laguna de Yambo.
No obstante, la familia nunca recibió los restos de los hermanos. Este caso que aún está latente en la sociedad ecuatoriana mostró la brutalidad policial y la complicidad de las instituciones del Estado para encubrir los hechos.
Los padres de los adolescentes, Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, dedicaron su vida a buscar justicia, enfrentándose a amenazas y campañas de desprestigio. La presión internacional obligó al Estado a admitir su responsabilidad en 1997, aunque los responsables nunca fueron sancionados penalmente. Ambos, Luz Elena en 1994 y luego Pedro, el 24 de diciembre de este año, fallecieron sin saber de sus hijos.
Cuando sucedió la desaparición, Restrepo y Arismendi, colombianos y con residencia en el Ecuador desde hacía 20 años, se presentaron en un centro de detención porque fueron informados que sus hijos fueron detenidos por no portar un permiso de conducir.
Hugo España Torres, exagente del Servicio de Investigación Criminal o SIC-10, declaró que los menores fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional esa mañana y que luego fueron trasladados a los calabozos del SIC-10 en el centro de Quito.
Según su testimonio, estos menores fueron torturados durante varios días. También aseguró que Carlos Santiago Restrepo Arismendi murió como consecuencia de las torturas que sufrió.
Varios miembros de la Policía le habrían atado una bolsa de plástico con gas lacrimógeno en la cabeza y luego golpeado con fuerza en la boca del estómago, ahogándolo y matándolo.
Según España, esto empeoró el asma del adolescente, advertida tempranamente por sus verdugos. El segundo menor, Pedro Andrés Restrepo Arismendi, fue asesinado unos días después en manos de los agentes del SIC-10 con la intención de eliminar al único testigo del crimen.
Ambos cuerpos luego habrían sido arrojados a la Laguna de Yambo en la provincia de Cotopaxi, a 130 kilómetros al sur de Quito, donde podrían haber quedados engullidos por los profundos sedimentos.
Fredy Marcelo Núñez Naranjo desapareció el 15 de julio de 2001, tras ser detenido por la Policía y posteriormente entregado a las Juntas del Campesinado en Quero, un sistema de justicia informal que actuaba con la aquiescencia del Estado.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas juntas detuvieron y sometieron a Núñez Naranjo a malos tratos antes de hacerlo desaparecer. El Estado fue condenado por no actuar con diligencia para investigar su paradero y sancionar a los responsables.
Además del impacto en los familiares de la víctima, el caso puso en la mira la relación entre las instituciones formales y los sistemas de justicia comunitaria, resaltando la necesidad de regulaciones claras y respeto a los derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana fue un hito, pero la implementación de sus recomendaciones sigue siendo una deuda.
Este caso volvió a tener notoriedad este 2024 cuando fue mencionado en la audiencia de hábeas corpus sobre la desaparación de cuatro menores en Guayaquil. En la diligencia se recordó que el Estado es responsable en casos de desaparición forzada cuando los ciudadanos están bajo su custodia.
En agosto de 2024, cuatro ex policías fueron condenados a 26 años de prisión por la desaparición forzada de tres personas en el conocido Caso Fybeca. En noviembre de 2003, una redada en la farmacia Fybeca, en Guayaquil, dejó ocho muertos, de los cuales siete eran inocentes.
La Policía justificó el operativo alegando que era un enfrentamiento con delincuentes, pero las investigaciones revelaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Este caso expuso la falta de control interno en las fuerzas de seguridad y la manipulación sistemática de pruebas para justificar actos ilegales. Las grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos fueron determinantes para desmentir la versión oficial, pero el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la desaparición de pruebas clave.
Dolores Guerra, Dolores Briones y Dolores Vélez, esposas de dos de los muertos y uno de los desaparecidos afirmaron que sus maridos eran inocentes y que fueron asesinados o desaparecidos por los agentes que ejecutaron el operativo.
Lo que debía ser una operación policial rutinaria para detener un supuesto asalto, se transformó en una masacre. Una veintena de policías, actuando bajo la presunción de un robo en curso, dispararon en los exteriores del local.
La intervención, que inicialmente fue presentada como un enfrentamiento con delincuentes, pronto fue objeto de dudas cuando se descubrió que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Testimonios y evidencias forenses revelaron que varias de las personas muertas recibieron disparos por la espalda, cuando ya estaban sometidas, lo que apuntaba a un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
David Romo desapareció el 16 de mayo de 2013 en Quito, tras abordar un bus que debía llevarlo a su casa. A pesar de los recursos invertidos y la presión mediática, las investigaciones no han logrado esclarecer lo ocurrido. Las autoridades han sido acusadas de negligencia y de ocultar información, lo que ha convertido este caso en un símbolo de opacidad y falta de voluntad política.
La madre de David, Alexandra Córdova, ha liderado una incansable lucha por la verdad, enfrentándose a obstáculos legales y administrativos. Su activismo ha visibilizado la problemática de las desapariciones en Ecuador y la necesidad de protocolos efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas.
A las 22h22 del jueves en el que desapareció, David Romo llamó a su mamá. Le dijo que estaba en el autobús de camino a casa, que cuando estuviera cerca le avisaría. Romo hablaba en voz baja y le contó a Alexandra que si levantaba la voz un sujeto, que parecía ser un policía, lo bajaría del bus. La conversación duró 80 segundos. Fue la última vez que Alexandra Córdova escuchó a David.
Desde que David Romo desapareció, Alexandra Córdova publica diariamente en redes sociales cuántos días han pasado sin saber de su hijo. Su mensaje no solo recuerda el nombre de David sino que exige a las autoridades que investiguen diligentemente, algo que no han hecho desde el 2013, cuando dejaron pasar una evidencia que podría haber cambiado el rumbo del caso.
El teléfono móvil de David, desde donde hizo la última llamada a su madre, es clave para entender qué sucedió esa noche. Aunque el 2013 ya había tecnología para rastrear llamadas, las autoridades nunca lo hicieron.
El 8 de diciembre de 2024, Steven Medina, Josué Arroyo, Nehemías Arboleda e Ismael Arroyo fueron vistos por última vez cuando más de una docena de militares los detuvieron en el sur de Guayaquil.
La detención se originó pese a que no hay registros de alertas, partes u otros que indicaran que los menores cometieron algún ilícito. Esa detención irregular, reconocida incluso por las autoridades, devino en la desaparición de los chicos que estaban fuera de su casa jugando fútbol.
Este caso ha generado indignación nacional e internacional, con organizaciones como Asfadec exigiendo una investigación independiente.
Además de los cuatro menores, Asfadec ha documentado otros casos de desapariciones recientes en el país, lo que evidencia que este fenómeno sigue siendo una problemática estructural. La falta de transparencia y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia y desconfianza hacia las instituciones.
Ese 8 de diciembre, luego de no regresar a casa, un hombre llamó a uno de los padres de los menores y les dijo que retire a sus hijos de la vía a Taura, que comunica con una base militar.
El padre pidió hablar con su hijo y las últimas palabras que intercambiaron son el testimonio de un trágico clamor: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Por favor ven, sálvame”.
Tras alertar a las autoridades, los familiares recibieron una nueva llamada con una sentencia: “La mafia se los llevó”.
Ahora se investiga la desaparición de los menores, que tienen entre 11 y 15 años, como desaparición forzada con 16 militares a quienes la Fiscalía les formulará cargos este 31 de diciembre. A la par, los padres esperan los resultados de la identificación de cadáveres calcinados que fueron encontrados a 16 kilómetros de la Base Militar de Taura.
El gobierno ha prometido que no habrá impunidad.
La desaparición de los cuatro de Guayaquil no es la única de este año sucedida tras operativos militares. Según Asfadec existen otros cinco casos más que involucran a adolescentes y jóvenes entre 15 y 21 años.