Alineada con la gestión del ministro de Economía, Luis Toto Caputo y apuntalada por desde el macrismo; la nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, tendrá que enfrentar en lo que resta del año un combo de cinco cuestiones relevantes que deja como herencia la gestión del saliente titular del área Eduardo Rodríguez Chirillo.
Quita de subsidios, aumentos de tarifas, privatizaciones de centrales hidroeléctricas, cortes de luz y ampliación de la red de gasoductos conforman los desafíos que tendrá por delante la nueva funcionaria que se suma a la administración libertaria con una extensa experiencia en el manejo de áreas comerciales y operativas de gasíferas y petroleras privadas.
El primer tema significativo que deberá resolver está vinculado con los futuros ajustes tarifarios en los servicios de luz y gas. De acuerdo con la normativa vigente, todos los meses deben implementarse las actualizaciones tarifarias aprobadas por este Gobierno para los ingresos específicos tanto de Edenor, Edesur y las transportistas eléctricas; como de las distribuidoras y transportadoras de gas.
Los mecanismos de ajustes previstos para mantener actualizadas las cajas de las empresas toman en cuenta la inflación minorista, el índice de precios mayoristas y las mejoras salariales concedidas a los trabajadores de esos servicios.
Tarifas de luz y gas a boxes: ¿se limitan o se suspenden?
Como ahora Caputo tiene como uno de sus principales objetivos seguir bajando la inflación, no se descarta que esos aumentos mensuales entren en boxes para ser revisados con la posibilidad de que se vean limitados o suspendidos. En los papeles, ese esquema de ajuste mensual rige hasta fin de año. Para 2025, la nueva conducción de Energía deberá definir si lo prorroga o lo deja sin efecto.
En tanto, los incrementos tarifarios que sí ya han quedado virtualmente congelados hasta nuevo aviso son los correspondientes a las «Revisiones Quinquenales de Tarifas» (RQT) que debían entrar en vigencia el primer día de 2025.
A principios de esta semana, el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió suspender la primera audiencia pública que había convocado para el día 5 de noviembre para analizar y aprobar los aumentos y nuevos cuadros tarifarios de las transportistas eléctricas que iban a regir entre 2025 y 2029.
El organismo regulador justificó la medida con el argumento de que «teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine».
La decisión de frenar las RQT también alcanzará a las distribuidoras eléctricas metropolitanas Edenor (controlada por los empresarios locales Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti) y Edesur (manejada por el grupo italiano ENEL). Por el lado del sector gasífero, sucedería lo mismo con las revisiones tarifarias en juego para las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur y Litoral Gas) y transportadoras (TGN y TGS).
En lo que respecta a la quita de subsidios, a fines de noviembre expira el «Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados» y no se descarta que sea prorrogado por un plazo de seis más.
La implementación plena del nuevo esquema de subsidios que prevé la denominada «Canasta Básica Energética» (CBE) implicará la eliminación de la mayor parte de las bonificaciones actuales que tienen los clientes residenciales de bajos recursos y de clase media. Eso daría paso a un fuerte aumento en las facturas que impactaría en el 65% de los clientes residenciales de los servicios de luz y gas; una medida que, en principio, Caputo optaría por postergar para poder apuntalar la desaceleración inflacionaria.
Qué pasará con las privatizaciones
En materia de privatizaciones, la sucesora de Rodríguez Chirillo tiene que delinear «las pautas técnicas y operativas» del llamado a licitación para reprivatizar las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue que tienen sus contratos originales vencidos: El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila.
La semana pasada Caputo le había quitado a Rodríguez Chirillo el manejo de esas licitaciones para dejarlo en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, ex interventor de Télam y exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano.
Una vez que los técnicos de Energía definen los aspectos técnicos, Chaher deberá lanzar un «Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo para proceder a la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes» de las cuatro hidroeléctricas en juego. Mientras tanto, será tarea de Tettamanti seguir controlando y supervisando a ENEL, Aconcagua Energía, AES y Central Puerto, las actuales concesionarias de las usinas a las que se les prorrogó la operación hasta agosto de 2025.
En cuanto al período crítico de abastecimiento que se perfila para el verano, la nueva secretaría de Energía tiene que poner en marcha las acciones previstas en el «Plan de Contingencia y Previsión» que aprobó la gestión libertaria el 1 de octubre.
El programa destinado a evitar los cortes de luz en los picos de demanda estival comprende las siguientes medidas: la importación de energía y potencia de los países limítrofes en los días y horas de elevada demanda; un régimen de «remuneración adicional, complementario y excepcional» para disponer de todas centrales térmicas antiguas y modernas; nuevos instrumentos regulatorios para fomentar las inversiones en redes de transporte; un mecanismo voluntario y remunerado» para que grandes clientes industriales acepten reducir sus consumos en los días y horarios de mayor demanda y la obligación de Edenor y Edesur de instalar Unidades de Generación Móvil (UGEM) propias o contratadas en las zonas más críticas junto con la habilitación de un centro de atención telefónica que funcione de manera continua.
Por último, en lo que atañe las principales inversiones y grandes obras de infraestructura que requiere con urgencia el sector energético, el rol de Tettamenti pasará por fijar las reglas de juego y los alicientes económicos para que capitales privados procedan a incrementar el parque de generación eléctrica y a construir tanto la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, como los nuevos gasoductos troncales que demanda el crecimiento productivo de Vaca Muerta.