Sectores ambientalistas y una parte considerable de la población cordobesa denuncian que muchos de los incendios que están sucediendo actualmente en Córdoba son intencionales. Estos actos estarían motivados por el interés de empresarios o gobiernos en modificar el uso del suelo para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios en esas áreas.
Sin embargo, ante estas especulaciones, funcionarios y altos mandos del gobierno de Córdoba se apresuraron a desmentir este mito, afirmando que los suelos de marca roja nunca serán objeto de explotación en el futuro.
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«La ley es muy clara en el articulado. Allí se establece la imposibilidad de cambio del uso del suelo por incendio. No se especula con eso», sentenció la ministra de Ambiente cordobesa, Victoria Flores.
Durante su visita a La Cumbre para evaluar la situación de los incendios, el gobernador Martín Llaryora reafirmó su postura sobre el hipotético cambio de uso del suelo en las zonas afectadas. «Son zonas rojas donde está prohibida la construcción, y así seguirá siendo. Existen varias leyes que protegen este suelo», afirmó.
Desde 2010, la modificación del uso del suelo preservado está prohibida. La normativa provincial, específicamente la Ley No. 9814 de Ordenamiento Territorial, impide el cambio de uso en todos los inmuebles incendiados que estén clasificados como bosques nativos.
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Flores fue explícita y aclaró que «aquel que especula prendiendo intencionalmente un incendio para creer que después va a obtener un cambio de suelo, está descartado de este plano, porque existe una ley que categoriza la protección del bosque nativo y establece donde es rojo, amarillo y verde y desde ahí aunque haya incendio no nos podemos mover«.
Por su parte, Santiago Reyna, docente de la cátedra de ingeniería ambiental de la UNC, insistió en que la actual ley de Córdoba no permite la construcción de barrios o urbanizaciones en lugares protegidos. «Si permanece clasificado como rojo, no hay forma de cambiarlo», advirtió. «De lo contrario, se fomentaría la generación de incendios, y eso es una locura«, explicó.
Pero, siempre hay un pero…
Por otro lado, existe un apartado en la normativa que no resulta del todo explícito. La legislación establece que si una obra o construcción se considera de «interés público», es posible solicitar recategorizaciones, incluso si se proyecta en un área donde está prohibido hacerlo.
Esto permite la conversión de zonas clasificadas como bosques rojos o amarillos en áreas que pueden ser explotadas o modificadas, es decir, áreas verdes.
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Aunque la Ley 9814 prohíbe el uso del fuego para el cambio de uso del suelo, muchos afirman que los controles son prácticamente inexistentes, lo que convierte esta norma en una disposición sin efecto práctico
Por si fuera poco, el mapa que delimita las zonas rojas y amarillas es un archivo «poco claro» que no permite identificar claramente estos espacios.