El choque y descarrilamiento de una formación del Tren San Martín en Palermo dejó al descubierto la delicada situación que atraviesa el transporte ferroviario de pasajeros en el país. Tres días después del accidente, el 13 de mayo, el Gobierno decretó la emergencia ferroviaria. Sin embargo, esa situación de urgencia ya venía desde antes, aunque las autoridades miraran para otro lado.
Una semana antes del accidente, el día 3 de mayo, el presidente de Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), Luis Adrián Luque, envió una carta a sus superiores en la que indicaba su preocupación “ante las condiciones de seguridad en la prestación de los servicios urbanos, de larga distancia y regionales de transporte ferroviario de pasajeros”. Siete días después, sus augurios se hicieron realidad sin que mediara ninguna acción para revertir esa realidad.
Entre la falta de atención gubernamental, los planes de privatización, una significativa desinversión, los despidos en puerta, la falta de arreglo del material rodante, la carencia de controles básicos de seguridad y la ausencia de un adecuado mantenimiento de la infraestructura, transportarse en tren se convirtió en un riesgo.
Advertencias. La carta enviada por Luque advertía que los trenes estaban operando “al límite de lo prudente” y se exigían fondos para “garantizar por sobre todas las cosas la seguridad operacional del pasajero”. Sin embargo, a pesar del complicado panorama descripto por el presidente de SOFSE, no se tomaron medidas al respecto.
Según estimaba Luque, para atender los gastos corrientes se requerían, en abril, 82 mil millones de pesos, un total de 32 mil millones más de los que había girado el Ministerio de Economía. Más aún, en lo que va del 2024 las transferencias realizadas desde el Estado a SOFSE son un 5 por ciento superiores las de 2023, pero en términos reales, representan un 75% menos. “De los $ 15 mil millones mensuales necesarios para hacer funcionar de manera segura el sistema ferroviario de pasajeros, el Gobierno transfirió en promedio $ 4 mil millones”, explica el ex presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, sobre el escenario que enfrentan los trenes y la explícita decisión del Gobierno de desfinanciar al sector.
En efecto, un análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) muestra que el sector ferroviario es uno de los que más sufrieron la motosierra. El plan de Asistencia Financiera a Empresas del Sector Ferroviario, principal programa de aportes, se redujo, en el primer cuatrimestre del año, un 60% con respecto al 2023.
La empresa más desfavorecida en estos primeros cuatro meses del año fue ADIFSE (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), cuyos fondos se recortaron en un 92% ajustado por inflación, pasando de $ 39 mil millones en 2023 a solo $ 2.982 millones. ADIFSE es una compañía estratégica para velar por la seguridad de las formaciones ya que es la encargada de la renovación, mantenimiento y gestión de sistemas de control de los trenes.
NOTICIAS se comunicó tanto con Trenes Argentinos como con la Secretaría de Transporte para saber si había existido algún tipo de decisión luego del envío de la carta, aunque en ninguno de los dos casos quisieron responder. Extraoficialmente, desde el Gobierno adjudicaron la crisis a la “herencia recibida”. De hecho, este argumento había sido utilizado por el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, cuatro días antes del accidente. Al igual que lo descripto por Luque, el funcionario realizó una advertencia premonitoria: “La situación es realmente grave. Recibimos un sistema en muy mal estado”, sostuvo.
Futuro incierto. Los problemas para Trenes Argentinos no se acaban ahí. La gerencia de SOFSE tiene en carpeta el despido de cerca de 3.000 empleados dentro del plan que lleva adelante el Poder Ejecutivo de recorte de puestos estatales. Pero no sólo los trabajadores enfrentan este panorama, sino que también involucra al más de un millón de pasajeros que diariamente utilizan algunos de los trenes que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno desea privatizar o lotear y concesionar el servicio y, de hecho, horas después del accidente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, pidió por la privatización: “La necesidad de participación de capital y control privado es importante. Está a las claras que la situación del ferrocarril es mala”, dijo. Incluso, según fuentes del sector, la empresa de transporte de colectivos Dota estaría intersada en el negocio de algunas de las líneas.
“Se ve una intención clara de desfinanciar el sistema ferroviario y de avanzar hacia un esquema de disminuir la regularidad, no generar los mantenimientos necesarios y acelerar el proceso de privatización o concesión del sistema”, resume Marinucci sobre la actualidad del servicio.
Por el momento, hasta que el Senado avance en el tratamiento de la Ley Bases que justamente es la que abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para el manejo de los trenes, el sistema ferroviario sufre la desidia estatal. La falta de personal -que incluso se profundizará- y de recursos económicos que hacen imposible el correcto funcionamiento y mantenimiento de las unidades y de la red ferroviaria pone en riesgo a decenas de miles de usuarios día a día. Que ocurra el próximo accidente es sólo cuestión de tiempo.
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