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La Ley ómnibus vuelve con la fórmula jubilatoria, menos emergencias públicas y sin el protocolo Bullrich

Luego de la fallida votación de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados, y en el marco de las conversaciones hacia el Pacto del 25 Mayo, la Casa Rosada circuló entre gobernadores y jefes de bloques dos borradores de proyectos de ley con los que buscará insistir en las reformas que planea y requieren aprobación del Congreso.

Uno es el que tiene que ver con la cuestión fiscal, e incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, un blanqueo y cambios en el régimen de monotributo, mientras que el otro se trata de una reversión de la Ley ómnibus.

Tras un primer vistazo general, fuentes de uno de los bloques dialoguistas que colaboraron con el oficialismo en la aprobación en general del proyecto -se cayó en la votación en particular- vieron como «positivo» que el nuevo borrador «recoge el trabajo ya hecho en el Congreso, y una buena parte de los artículos son el texto último que se había llegado a consensuar».

Menos emergencias e insistencia con los fondos fiduciarios

La nueva Ley ómnibus, de 269 artículos, plantea la emergencia pública solamente en 4 materias: administrativa, económica, financiera y energética. Esto significa menos de la mitad de las originalmente previstas. En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre había 11, mientras que en el debate parlamentario durante el verano habían quedado 9.

La emergencia sería por el plazo de un año y se introduce que el Gobierno deberá informar «mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos».

Algo con lo que el Ejecutivo buscará insistir es con la facultad para «modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos», tema que había generado controversia. Esta vez no aparece como inciso, sino como un artículo.

La nueva Ley ómnibus llega en el marco de los acuerdos para el Pacto de Mayo

En cuanto a las privatizaciones, se propone declarar «sujetas a privatización» a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina; mientras que con un esquema mixto de privatización/concesión aparecen AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y YCRT.

En tanto, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco de la Nación y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales «solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».

Nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En el nuevo texto se incluye la propuesta del Gobierno sobre una nueva fórmula jubilatoria, que establece que los haberes previsionales se actualizarán mensualmente por inflación. Y que la primera actualización «se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024» con un 10% de plus.

«En el caso de que la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sea posterior al 1° de abril de 2024, el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la ANSeS«, agrega.

La propuesta de fórmula de movilidad, tema que comenzará a ser debatido particularmente en los próximos días en comisiones de la Cámara de Diputados, guarda una diferencia sustancial con la postura que tienen algunos bloques de la oposición dialoguista, quienes quieren que haya una compensación por la inflación de enero, que fue del 20,6%.

Protocolo Bullrich, afuera de la Ley ómnibus

El capítulo sobre el protocolo Bullrich no aparece en el nuevo borrador de la Ley ómnibus

Al eliminarse la emergencia en seguridad, el capítulo referido a la «organización de las manifestaciones», más conocido como protocolo Bullrich, sobre protestas sociales, no aparece en el nuevo borrador de la Ley ómnibus.

Tampoco figura el capítulo de cultura (que avanzaba sobre el INCAA y otros organismos) y las modificaciones en las leyes de Bosques, Quema y Glaciares. No obstante, se mantiene el artículo por el cual se busca facultar al Ejecutivo «a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la Ley N° 27.007 (Hidrocarburos), la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente».

Aunque la derogación de la Ley del Libro, por ejemplo, no figura en esta nueva versión, el artículo 71 del texto difundido por el Gobierno plantea, en cuanto a la desregulación económica, que se lo faculte para «disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate. El Poder Ejecutivo deberá justificar estos extremos de forma suficiente».

Algunos de los temas que se mantienen son los referidos a la promoción del empleo registrado; modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la Ley Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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