Luego de que el Gobierno de Javier Milei planteara la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de la pyme láctea bloqueada el año pasado por el gremio Atilra, defendió todo el apartado laboral y sindical que allí se contempla. Según dijo, la adecuación laboral es fundamental para las empresas del sector, ya que “se termina con la industria del juicio laboral”, entre otras consideraciones que impulsarían a las pequeñas y medianas empresas.
En el capítulo IV del DNU se incluyen modificaciones profundas, como límites al derecho a huelga, cambios en las indemnizaciones y una reforma en el modo en que recaudan los sindicatos que golpeará sus ingresos. La reforma está suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de acuerdo con el fallo del pasado 3 de enero.
“Nos pasa que muchos tenemos miedo de contratar gente porque las multas que establecen los jueces una vez que despedís se van extendiendo a lo largo de los años si no hay arreglo. Esto te termina costando una fortuna que, si la empresa no está bien parada, hasta te puede fundir”, argumentó Bada Vázquez.
El DNU detalla modificaciones en los períodos de prueba de los trabajadores contratados por las empresas, que pasarían de los tres meses actuales a ocho meses. Esto, dijo Bada Vázquez, lo ven con “optimismo” por los proyectos que encaran en el sector de las pymes lácteas. “Un proyecto de esos con tres meses no lo hacés. Mucha gente no se animaba a contratar gente para esto, porque no es el tiempo suficiente con tres meses. Eso después permite, si tenés un juicio laboral en contra, pagarlo en 12 cuotas”, puntualizó.
Destacó el inciso que hace referencia a los bloqueos a las empresas que manejan productos perecederos, como en su caso. “A las empresas de alimento perecedero no pueden dejarlas sin procesar, por lo menos el 75% de la producción se tiene que seguir procesando. Los bloqueos no pueden afectar los derechos de terceros, en este caso, a los tamberos que son los que terminan perjudicando los bloqueos de este tipo”, afirmó.
Respecto de que al trabajador se le aplicaría el principio de intangibilidad del salario, donde los empresarios no pueden retener el aporte no solidario, dijo: “Todos los beneficios del apartado laboral son para los contratados, no es que perjudica a los que ya están trabajando. La reforma plantea que los empleados tienen que manifestar su derecho a que se le siga o no descontando”.
“Si no sale el DNU con la reforma laboral aprobada, la Argentina no va a despegar; al país no le va a ir bien. Va a fracasar el cambio, porque es una pata fundamental la parte laboral y sindical. Ahora está frenada por la CGT y la CTA, son los que están impidiendo que la Argentina empiece a despegar, porque sin el DNU lamentablemente todo el sacrificio que estamos haciendo va a ser en vano. Lo del apartado laboral está muy bien, es lo que necesitan las pymes para sacarse el miedo y empezar a contratar gente”, expresó.
Explicó que tenía empresarios conocidos que estaban por contratar personal, a partir de la reforma laboral, pero que se trabó a raíz del freno que puso la CGT y la CTA a la reforma laboral. “La mafia sindical frenó la modernización de la parte laboral. Por eso, lamentablemente, la Argentina tiene mal pronóstico. Las pymes están condicionadas a que salga la parte laboral del DNU. Mientras la parte laboral siga suspendida por la mafia sindical, los empresarios seguiremos sin contratar más gente y sin inversión. Además, así como está suspendido eso genera más incertidumbre en el empresariado y desconfianza, por eso subió el dólar blue. Y sin inversión y producción no va a bajar la inflación, que es el peor impuesto al pobre”, sostuvo.
Vale recordar que, luego de conocerse la reforma laboral, la Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del DNU, hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. La decisión la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González.
De acuerdo con lo dispuesto, se encuentra suspendida la aplicación del Título IV relativo a la normativa del trabajo, por lo que la Sala de feria de la CNAT no ha limitado esta suspensión ni en el tiempo, ni en las personas eventualmente afectadas, lo que implica que, sin resolverlo en forma expresa, considera la acción iniciada por la CGT como una especie de acción colectiva.
A través de un comunicado, el PEP, una agrupación de pymes, emprendedores y productores, indicaron que esta es una reforma pro empleo, pro trabajo, pro contratación. “Aclara la presunción del contrato de trabajo. Con factura no hay dependencia laboral. Disminuye la industria del juicio. Puesto que permite operaciones de trabajo eventual, puntual, con mínimo riesgo de litigiosidad. Al disminuir el riesgo, se realizarán más contrataciones de este tipo. Además, al requerir factura, necesariamente produce un efecto de blanqueo y formalización”, explicaron.
“Con esto queda por tierra la industria del juicio a la vez que se protege genuinamente el contrato laboral. Ocho meses es un tiempo óptimo para que se produzca el proceso de aprendizaje en planta. Liberaliza forma de pagos de los salarios (conforme a acuerdos entre las partes). Atenúa costos de despido. Limita actualización de créditos laborales a inflación + 3% anual. Para muchos abogados, las tasas elevadas de actualización funcionaban como un elemento de coerción y presión en los juicios. Cuanto más se estiraba el juicio más gravoso resultaba para la empresa. Elimina régimen de viajante de comercio. Medida pro empleo absoluta”, enumeraron.
El régimen del viajante de comercio, aseguraron, era costoso en cuanto a su registración e implementación. Imponía condiciones incumplibles tales como “comisiones por notas de venta no aceptadas por la empresa”, “indemnización en comisiones por ventas posteriores a su desvinculación” etc. “En la práctica, las condiciones del estatuto generan gran informalidad y lo que es peor, que las firmas pymes no puedan acceder a contratos comerciales en zonas lejanas a su influencia directa. Intentando proteger al viajante, el estatuto prácticamente desvirtuó su figura y la alejó de las pymes”, resumieron.
