El proyecto de ley «ómnibus» enviado por el Gobierno nacional al Congreso impulsa el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en el plazo de tres años.
«Instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años», indica la iniciativa.
En cuanto a la Inspección General de Justicia (IGJ), establece que «estará a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley».
«El Inspector General será designado por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna propuesta: uno por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires», precisa.
El proyecto dice que «el Inspector General deberá reunir las mismas condiciones y tendrá idéntica remuneración e incompatibilidades que los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones».