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El Gobierno busca US$ 2.500 millones con un blanqueo, moratoria y anticipo de Bienes Personales

Después del mega decreto que modifica 300 leyes para desregular la economía, el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas más amplio y ambicioso que será enviado al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias. Federico Sturzenegger y un grupo de técnicos estuvo trabajando el jueves en el proyecto de ley, que contiene otra reforma del Estado y cambios impositivos.

Además del establecimiento de la Boleta Única de Papel como método de votación en elecciones nacionales, el Ejecutivo busca modificar los regímenes de salud, educación y competencia, y reforzar las arcas fiscales con medidas, como la reversión del alivio a los trabajadores en el impuesto a las Ganancias, el blanqueo y una moratoria, así como el adelanto de Bienes Personales.

«Estamos en el trazado final, en la parte técnica legislativa de escribirlo, la idea es que se trate en extraordinarias, hubo una reunión larga el jueves con técnicos viendo la reforma del Estado», confirmaron en el equipo económico, mientras desde la Casa Rosada afirman que le están dando la «última peinada jurídica», tarea a cargo del secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

Javier Milei se mueve con cierta cautela después del fuerte rechazo que despertó el DNU del jueves pasado en el Congreso, la CGT y los sectores que reaccionaron con cacerolazos. Si bien las sesiones extraordinarias ya fueron convocadas por el Ejecutivo a partir de mañana, dentro de la bancada oficialista aseguran que tienen plazo para enviar los proyectos hasta el 31 de enero.

El paquete impositivo es clave para el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que representa más de la mitad de los 2,2 puntos del PBI que necesita recaudar en 2024 para equilibrar las cuentas públicas, como le prometió al FMI. Dentro de los nueve capítulos de las «medidas fiscales», el blanqueo, la moratoria y los cambios en Bienes Personales (0,5% del PBI) equivalen a unos US$ 2.500 millones.

El denominado régimen de regularización de activos consiste en un un blanqueo amplio para lo cual se deberá ingresar un “impuesto especial» en dólares. La regularización deberá ser total para gozar de los beneficios, con un umbral de bienes no declarados que podrá ser entre el 10% y el 25%, según lo reglamente el Ejecutivo, y el plazo para adherir será desde su vigencia hasta el 29 de febrero de 2024.

El impuesto se calculará sobre el total del valor de los bienes, tanto en Argentina como en el exterior, que sean regularizados. Los bienes regularizados por hasta US$ 100.000 no pagarían nada y sobre lo que exceda dicho monto, la alícuota sería del 5%. “Si lo saca del sistema bancario, va a pagar 5%. Si lo saca del colchón o lo trae de afuera, no va a pagar nada», precisó Caputo días atrás.

No es la primera vez que un gobierno repatria capitales que evaden impuestos para aliviar las reservas y mejorar la recaudación. Argentina ya lo hizo en siete ocasiones. La gestión de Cristina Kircher blanqueó US$ 4.700 millones en 2009 y US$ 2.600 millones entre 2013 y 2015. Macri regularizó más de US$ 100.000 millones. En la mayoría, la recaudación representó un 5% de lo declarado.

El Gobierno se propone además la suba de los derechos de exportación de los productos agroindustriales al 15% y de la harina y el aceite de soja al 33% (0,5% del PBI), la restitución de Ganancias a trabajadores y jubilados (0,4%) y ya subió el Impuesto PAIS a las importaciones al 17,5% por un año (0,8%), lo que fue calificado como un «impuestazo» por el extitular de Aduana, Guillermo Michel.

En el caso de Ganancias, por la derogación de la ley aprobada por el Congreso y votada por Milei, se estima que serían alcanzados 1,5 millones de trabajadores, con alícuotas que llegan hasta el 35%. También hay tironeos con la Mesa de Enlace y los gobernadores. El Presidente ya les avisó a los últimos que si no votan su proyecto ómnibus va a “bajarles más las transferencias” a las provincias.

Otro punto clave de la reforma es la rebaja de alícuotas del impuesto sobre Bienes personales hasta el período fiscal 2027 y la eliminación de las alícuotas diferenciales para bienes del exterior. Los pagos se reducirán progresivamente en cinco años, desde una tasa máxima de 1,50% hasta llegar a una única del 0,75% en 2027, que se puede cancelar en forma anticipada.

Por último, el paquete legislativo incluye un beneficio fiscal para grandes empresas extranjeras que operan en el territorio mediante la eliminación de la llamada “doble imposición” (pagar impuestos en el país de origen y en Argentina). Son convenios ya firmados con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, pero que aún no fueron refrendados por el Congreso.

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