“Son ataques, más que movilizaciones”. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha calificado así las concentraciones contra la amnistía que durante los últimos días están teniendo en las sedes del PSOE, convocadas a través de redes sociales y animadas desde Vox. Este mismo lunes, a la protesta en la madrileña sede de Ferraz acudieron el líder Vox, Santiago Abascal, y otros cargos de su partido como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La concentración se saldó con tres detenidos y se produjeron cargas policiales. Rodríguez ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene “con rotundidad este ataque a un partido político”.
Desde el Ejecutivo han elevado el tono tras varios días de protestas frente a su sede nacional. “Atentar contra partidos políticos es atentar contra la democracia, y estamos hablando de cuestiones muy relevantes”, ha argumentado Rodríguez en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Acto seguido ha afeado, en referencia a Feijóo, a “aquellos que se les llena la boca al hablar de la Constitución” cuando la Carta Magna “le otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia”.
A las calificaciones de “ataques” y “atentados”, la portavoz en funciones ha añadido que los populares no condenen “consignas y símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones”, pues se vieron algunas banderas preconstitucionales y se escucharon cánticos franquistas. “Pedimos al principal partido de la oposición y a quien lo dirige que acepte de una vez por todas las reglas de la democracia y el resultado de las pasadas elecciones del 23-J”, ha concluido. Desde Génova insisten en que su partido “no ha convocado concentración alguna en Ferraz”, pero que no renuncian a “liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el PP”.
Los populares se han centrado en criticar la actuación del Gobierno y, concretamente, del Ministerio del Interior en la noche de este lunes a las puertas de la sede del PSOE en Madrid, por las cargas policiales. “El Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente ley mordaza”, explican fuentes de la formación. Los conservadores aseguran que “apoyan a los agentes”, pero dan por hecho que seguían la orden “de los mandos del Ministerio del Interior socialista”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha defendido la actuación “proporcional” de las fuerzas de seguridad. El mismo argumento repetido desde Moncloa.
Presión social contra la amnistía
La ola de protestas contra la amnistía está cargando de presión ambiental la negociación con los independentistas. El acuerdo con Junts está encallado en aspectos “técnicos” de la ley relacionados con su alcance y casos que son más subjetivos a la hora de asociarlos con el ‘procés’. A la incertidumbre del pacto con Junts, que lleva retrasándose desde que el pasado jueves viajase el número tres del PSOE, Santos Cerdán, con la intención de cerrarlo, se sumó este lunes el auto del juez Manuel García-Castellón implicando al expresident Carles Puigdemont e imputando a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas, por presuntos delitos de terrorismo en la investigación que mantiene abierta desde 2019 a Tsunami Democràtic.
Tanto en Ferraz como en Moncloa evitan referirse en público a una interferencia judicial en las negociaciones políticas. Sin embargo, de sus declaraciones en privado desprenden cierta ambigüedad. También la propia Isabel Rodríguez, quien tras insistir en que “no debo emitir opinión política sobre decisiones judiciales”, manifestó que “la causa se lleva instruyendo cuatro años”. Asimismo, destacó que “otros operadores jurídicos tienen criterios distintos” a los de García-Castellón, como es el caso de la Fiscalía, que recurrirá el auto.
De lo que no hay duda es de la interferencia de las protestas en el ánimo de los socialistas, que desde la dirección quieren reorientar para impulsar su cohesión interna, y en una presión ambiental de la que no son ajenos otros socios de investidura. En esta línea, desde el PNV, ha emitido un comunicado de condena a lo que califican como “episodios de acoso, insulto y coacción”. Desde la formación jeltzale señalan que “la amenaza y la intimidación no tienen la menor cabida en un concepto tan amplio como es el de la libertad de expresión”. Repugna, según añaden, “que en estos escraches se coreen consignas claramente antidemocráticas en las que se hace apología del franquismo”.
Declaración en contra del CGPJ
A toda esta presión judicial y social se suma la declaración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la amnistía. El texto de la declaración institucional, impulsado por el sector conservador, pone de manifiesto con gran dureza y de forma extensa la «intensa preocupación y desolación» del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno. Asimismo, se cita expresamente a Pedro Sánchez, al señalar que «confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política».
Desde el Gobierno ha cargado contra la declaración por pronunciarse sobre “una norma que no existe y de la que desconocen su contenido”. Isabel Rodríguez también ha aprovechado por deslegitimar este posicionamiento por tener un mandato caducado desde hace cinco años. “Una situación totalmente anómala”, arremetió este martes la portavoz. El cerrojazo informativo sobre el desarrollo de las negociaciones es total y de ello han dado cuenta las ministras que comparecieron este lunes en Moncloa, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, que abandonaron la sala de prensa con paso acelerado sin ni siquiera pararse a hablar con los periodistas allí presentes, como es habitual.
Sobre esta cuestión tampoco se respondió a las preguntas de los periodistas, alegando que no negocia el Ejecutivo, sino los partidos políticos. Del optimismo se ha pasado también a la precaución. Al uso del condicional. Así, la portavoz en funciones, respondiendo sobre la necesidad de renovar el CGPJ, se refería a su deseo de abordar el desbloqueo del órgano «si sigue adelante la investidura y hay nuevo gobierno».