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“Resistencia al ajuste del próximo Gobierno”: piqueteros preparan un plan de lucha para después del balotaje

El miércoles 22 de noviembre, con el próximo presidente ya definido, habrá un plenario de organizaciones sociales. El objetivo es combatir las políticas de recorte del gasto público que, dicen, los dos candidatos tienen en carpeta.

Mariana Prado

01 de noviembre 2023, 05:45hs

Unidad Piquetera prepara un nuevo plenario para después del balotaje. (foto: NA)

Unidad Piquetera prepara un nuevo plenario para después del balotaje. (foto: NA)

En lo que se esboza como un impasse por parte de las organizaciones sociales no oficialistas, Unidad Piquetera anunció la fecha de un nuevo plenario para el miércoles 22 de noviembre, tres días después del balotaje que definirá el próximo presidente de la Argentina. Sin embargo, el avance de la investigación del fiscal Marijuán sobre beneficiarios de planes sociales que viajaron al exterior y algunas demoras en la entrega de alimentos podría acelerar un nuevo conflicto.

La idea de las organizaciones sociales es en el próximo encuentro preparar la resistencia al ajuste que, dicen, plantean las dos propuestas de gobierno que se disputan la segunda vuelta. Sostienen que tanto Javier Milei -en su nueva alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich-, como Sergio Massa, “encaran un modelo económico que buscará achicar el gasto público empezando por los que menos tienen”.

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“Estamos preparando un plenario piquetero para el 22, para impulsar un plan de lucha por el aumento y la apertura de los programas sociales”, anticipó a TN el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En cuanto a la investigación judicial, los dirigentes sociales se manifestaron a la espera de ver cómo avanzan las resoluciones. Aseguran que hay beneficiarios de planes sociales que viajan a países limítrofes a visitar familiares y que sus organizaciones son rigurosas en el control de quiénes se inscriben en el programa Potenciar Trabajo, pero no descartan que, por fuera, puedan existir algunas irregularidades. Sin embargo, dicen que sobre un universo de casi 1,3 millones de personas, esos casos serían menores.

Investigación judicial y alerta

Desde las organizaciones sociales apuntan a una “estigmatización de los pobres” cuando avanzan las investigaciones judiciales sobre los planes sociales, pero reconocen que tiene que haber controles.

“Cualquier política de Estado tiene que tener controles y el Potenciar Trabajo los tiene, porque nosotros en particular, tenemos un cruce de datos, una cuestión rigurosa respecto de las tareas a realizar, una serie de cosas que entiendo que al menos en una parte o algunos sectores se nos hace”, dijo Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie.

El Gobierno avanza con la implementación de un programa para convertir planes sociales en trabajo (Foto: NA).

El Gobierno avanza con la implementación de un programa para convertir planes sociales en trabajo (Foto: NA).

Al igual que el resto de los dirigentes, señaló que “en algunos casos pueden ser personas que viajen a países limítrofes por cuestiones familiares” o “hay viajes a los que se invita a personas de distintas organizaciones para que cuenten experiencias, para hacer intercambios, y eso no implica que esa persona se paga el pasaje, sino que se lo pagan a veces organizaciones de otros países para este tipo de intercambios”. Por eso consideró que “englobar y meter todo en la misma bolsa no corresponde”.

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“Hay un millón doscientos mil personas en el Potenciar Trabajo, entonces a lo largo de cuatro años hay que ver la magnitud de esa situación”, agregó y consideró que “a veces estas cuestiones se usan para estigmatizar y plantear que no hay ningún tipo de controles y no es lo que sucede”.

En el mismo sentido se expresó Mónica Sulle, del MST-Teresa Vive, que indicó que entre los beneficiarios hay personas de muchas colectividades “que van juntando plata para ir a ver a su familia” y coincidió en “hay una persecución y estigmatización sobre los pobres, que no tienen derecho a nada”.

No obstante, tanto Saravia como Sulle diferenciaron esos casos con quienes podrían haber realizado viajes de lujo. “Lo de los yates, si se confirman, no es una necesidad”, dijo la referenta del MST, mientras que para la coordinadora de Barrios de Pie, “si una persona que cobra el Potenciar está en un yate de lujo, no tiene que estar cobrando el Potenciar”.

“Marijuán pide que den de baja lo que ya está dado de baja, son los 160.000 que fueron suspendidos y que no revalidaron los datos. Es una campaña publicitaria de un fiscal que no investiga nada y que se quiere hacer ver”, opinó Belliboni.

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De acuerdo con la investigación judicial, 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo realizaron viajes de lujo al exterior desde 2020. La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, que deberá responder a la solicitud de Marijuán de dar de baja esos planes. Según el informe, utilizaron cruceros, embarcaciones y aerolíneas de alta gama, entre otros medios de transporte.

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