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Caso “Chocolate” Rigau: la Justicia busca saber si se borraron pruebas

La apelación del fiscal Vogliolo activará la causa que sufrió un duro revés con la liberación exprés del puntero del PJ. La fiscal espera poder abrir el celular del puntero del PJ.

María Fernanda Alonso

28 de septiembre 2023, 12:05hs

Julio

Julio «Chocolate» Rigau cayó infraganti el 9 de septiembre en el cajero de un BAPRO, en La Plata (Foto: @martinezmerce18).

“Todo es muy llamativo. Vamos a tener que ver si con la caída del sistema del Banco Provincia no se borraron datos sensibles para la causa”. La sospecha surgió desde el corazón de la investigación judicial sobre el Chocolategate: el caso del puntero del PJ Julio “Chocolate“ Rigau, que cayó infraganti el 9 de septiembre último con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense y con 1,2 millones de pesos en una bolsa negra. Estuvo 11 días detenido y lo liberaron con un fallo escandaloso y exprés. Desde el BAPRO, le dijeron a TN que “es un disparate” establecer cualquier tipo de vinculación.

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El jueves último la Cámara de Apelaciones de La Plata dictó en tiempo récord la anulación de la causa en una sentencia tan escandalosa como el silencio del oficialismo y la oposición.

La fiscal Betina Lacki estaba por abrir el celular de Rigau, autorizada por el juez Federico Atencio, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó la liberación del puntero del PJ. La decisión de los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides está sospechada de connivencia política. Ahora, la prolongada caída del sistema del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante casi toda la mañana del miércoles sumó nuevas intrigas al escandaloso caso que reveló la periodista Josefina López Mackenzie en el programa Somos Buenos, de TN, el 12 de septiembre.

La causa quedó en suspenso a la espera de la inminente apelación del fiscal Héctor Vogliolo. La sospecha en el Palacio Judicial por la caída del sistema del BAPRO tiene fundamentos. Según fuentes judiciales, al banco le llevó días presentar la documentación requerida por la fiscal. Idéntica actitud tuvo la Presidencia de la Cámara de Diputados. Dilaciones más silencio es un combo que a los funcionarios judiciales los hace sospechar.

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El miércoles, desde el Banco Provincia se explicó a este medio que la caída de las operaciones digitales y electrónicas de todos los canales del BAPRO, como Cuenta DNI, Home Banking y cajeros automáticos, fue por “una breve interrupción del servicio, producto de una demora en los procesos habituales que realizan los sistemas durante la madrugada”. Insistieron: “Concretamente, se corrió una actualización de los sistemas de las que normalmente se hacen a la madrugada, pero se retrasó. A las 9 ya estaba todo funcionando normalmente”.

En los pasillos judiciales apuntaron que “era muy sospechoso”. “Hay que ver si no se perdieron registros. Cómo saber si no toquetearon todo”, le dijo a TN una alta fuente judicial. Después de eso, desde el Banco salieron a explicar qué había pasado con el sistema.

La explicación del BAPRO

Desde el Banco negaron cualquier suspicacia. “Las operaciones digitales y electrónicas del Banco se vieron ayer afectadas durante un breve lapso de tiempo, debido a una demora en los procesos en medio de una tarea de mantenimiento habitual programada. Este proceso de recuperación (test obligatorio del BCRA) fue efectuado por la empresa Red Link, no por el Banco. Sembrar dudas al respecto implica desconocer las políticas de seguridad del BCRA que obliga a resguardar las operaciones (backup), lo que permite hacer una reconstrucción en caso de que ocurra algún incidente”, dijeron.

Sobre la información solicitada por la Justicia, señalaron: “En relación con el caso de las extracciones de dinero de tarjetas de débito que es de público conocimiento, Banco Provincia puso a disposición de la Justicia el pasado 19 de septiembre las imágenes captadas por su circuito cerrado de TV, cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos judiciales”. Y por último, indicaron: “Es importante destacar que el Banco no recibió ninguna denuncia ni pedido de información de ninguna naturaleza previo a la intervención de la Justicia”.

Cómo sigue la causa de “Chocolate” Rigau

El fiscal Vogliolo ya está listo para apelar la decisión de la Cámara de Apelaciones. Entonces, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.

Toda la trama es escandalosa: el abogado defensor de Rigau, Alfredo Gastón Cotti, de un estudio de elevados honorarios, en vez de apelar ante Atencio recurrió directamente a la Cámara con un hábeas corpus. El manto de sospecha cubre a toda la Legislatura, pero sobre todo a los supuestos operadores detrás de Rigau y de una maniobra subterránea en la justicia para voltear la causa.

Rigau es electricista, figura como empleado en la Cámara de Diputados bonaerense y tiene vínculo con Fabián Albini, concejal massista que busca la reelección. Más arriba aparecen los nombres de dos espadas de Sergio Massa, Raúl “El Cabezón” Pérez y Rubén Eslaiman. Por el maratónico ascenso del camarista Benavides apuntan a Axel Kicillof y Julio Alak.

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Recién el martes pasado, un comunicado del bloque de legisladores de la Libertad Avanza pidió una investigación a fondo, la fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa original y los dirigentes opositores Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico denunciaron a los camaristas.

Villordo y Benavides serán investigados en paralelo por la justicia ordinaria -penal-, por el Jurado de Enjuiciamiento, donde se enfrentan a un jury y por la Suprema Corte de Justicia que analizará si les corresponde una sanción disciplinaria.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio que presentaron la denuncia contra los camaristas tildan de “aberrante” el argumento de que la policía no podía detener al sospechoso. También advierten que la anulación de la causa “pone al descubierto un posible contubernio con la política”.

La sospecha es que Rigau sería un eslabón más de una cadena que conduce a una “caja negra” de la política, con el reparto de contratos (de sueldos de medio millón de pesos) a prestanombres que como contraprestación reciben obra social y los aportes para poder acceder a una jubilación en el futuro.

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