La inflación del 12,4% en agosto, la más alta de los últimos 32 años, impulsó al Gobierno a apurar una serie de medidas para contener el impacto en las semanas previas a las elecciones del 22 de octubre. Primero, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, estableció por decreto un nuevo piso del impuesto a las Ganancias y después que se devolverá el IVA en productos de la canasta básica para jubilados, monotributistas y trabajadores que cobren hasta $708.000.
Esta serie de medidas despertó inquietudes por el costo fiscal que significarán, ya que generarán un impacto en la recaudación por el lado de los ingresos y tensionarán aún más el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pedía acomodar los gastos y a quien Massa responsabilizó por la alta inflación de agosto.
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De acuerdo con las cifras que difundieron en el Ministerio de Economía, el nuevo piso de Ganancias para los trabajadores que perciban hasta 15 salarios mínimos ($1.770.000 desde octubre) significará una resignación por parte del Estado de $1 billón.
En tanto, fuentes del equipo económico explicaron a TN que el impacto por la devolución del IVA sobre los productos de la canasta básica se calculará “en función de su utilización”, por lo que se podrá estimar su costo pasado el primer mes.
De todos modos, el director de Aduana, Guillermo Michel, encargado de delinear las últimas medidas, calculó que esa iniciativa representará unos $50.000 millones por mes.
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El problema es que el Gobierno no informa cuáles serán las vías de financiamiento para esa falta de ingresos en la recaudación, lo cual podría ampliar aún más la diferencia con los gastos para los próximos meses y profundizar el déficit.
Las medidas de Massa complican el vínculo con el FMI
Si bien el Gobierno defiende que el “bache” de ingresos que generen sus últimas decisiones se cubrirá a través de un aumento del consumo, analistas privados alertan que generarán más déficit, lo cual complicará aún más el cumplimiento de la meta estipulada con el FMI, que establece que este año el rojo fiscal primario debe ser de 1,9% del PBI en 2023.
Todo en el medio del peor dato de inflación en 32 años, que se explica en buena parte por el traslado a precios que generó la devaluación que el Gobierno impuso después de las PASO luego de acordarlo con el FMI. En ese sentido, Massa y el kichnerismo reforzaron sus críticas al organismo y lo responsabilizaron por el índice que dio a conocer el INDEC.
“Buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes”, expresó Massa.
Si bien el Fondo no se pronunció sobre las medidas, en su último staff report hizo especial referencia a la necesidad de ajustar el gasto, especialmente en tarifas para mantener “ordenado” el rumbo del programa, que deberá volver a ser revisado en noviembre, pasadas las elecciones generales.
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En ese sentido, el Gobierno se comprometió con el Fondo a tomar una serie de decisiones para mejorar el equilibrio de las cuentas fiscales -por ejemplo, prometió aumentar las tarifas, pero aún no definió esa suba-.
Habilitar las exigencias del FMI agregaría más puntos a la inflación de los próximos meses, que seguirá sintiendo el impacto del salto del tipo de cambio. Tan es así que el Gobierno ya reconoció que en septiembre continuará el “efecto arrastre” de la devaluación sobre los precios, por lo que podría volver a repetirse un índice de dos dígitos en el noveno mes de 2023.