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«Se crearon empresas con posterioridad a la necesidad de obras»

“Recibimos denuncias tanto de docentes, padres y directivos de diversas escuelas y es por ello que nosotros podemos proceder a comenzar con la investigación”, confirmó este miércoles el abogado Mauro Paz en diálogo con Radio del Mar.

Y continuó: “Los denunciantes están preocupados tanto por los problemas edilicios que no se arreglan, como así también las presunciones en el modo que se contrata a las empresas involucrados en los trabajos“.

En este sentido, la Oficina Anticorrupción abrió expedientes sobre varias firmas que, en teoría, tienen a su cargo la reparación de edificios escolares. Llama la atención, por ejemplo, que algunas sean de creación posterior a la obra requerida.

“Hemos determinado que se crearon empresas con posterioridad a la necesidad de obras y cuando revisamos antecedentes, no encontramos que tengan. Otro aspecto es que cada empresa debe contar con un responsable técnico inscripto en el Colegio de Ingenieros, así como conocer los montos; si hay contrataciones directas. No quiere decir que haya irregularidades, pero sí se deben transparentar esas situaciones para que se sepa en qué gasta el Estado y la eficiencia de las obras”, amplió Paz en Tveo Comodoro.

El funcionario añadió que “hemos advertido que ciertas obras que se han pagado en tiempo y forma no son de la calidad que deberían ser. Son elementos que hacen que nuestra investigación sea válida y tenga fundamentos”.

Aclaró que no necesariamente se trata de empresas fantasmas, sino que poseen socios, dueños y empleados.

La delegación de la Oficina Anticorrupción también decidió analizar la denuncia de la exdirectora de la Escuela 39, Claudia Aguilar, quien hace dos años fue separada de su cargo luego de denunciar pérdidas de gas en el establecimiento.

“Ella denunció un caso de arbitrariedad y abuso de autoridad. Esto corre por otro carril. Es la Dirección General de Sumarios la que interviene. Ahí todavía no tenemos competencia, pero las pruebas que ha traído la docente nos permiten intervenir para prevenir y si se detecta irregularidad, podríamos presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, que contaría con nuestra investigación previa hasta que inicie la causa y entonces sí nosotros podríamos constituirnos como querellantes en defensa de los intereses del Estado provincial”, concluyó el funcionario.

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