apenas-del-38%-de-los-jubilados-hizo-sus-aportes-y-trabajo-los-anos-que-marca-la-leyEconomía 

Apenas del 38% de los jubilados hizo sus aportes y trabajó los años que marca la ley

Por el desempleo y la informalidad, 6 de cada 10 personas tuvo recurrir a las moratorias o a las pensiones, sin o con pocos aportes, para jubilarse o pensionarse, de acuerdo a los datos oficiales. O sea, accedieron a las jubilaciones y pensiones sin la contrapartida del pago del empleador o del trabajador independiente de los aportes y las contribuciones a la Seguridad Social.

La precarización laboral, el desempleo, el trabajo no registrado y la evasión de los aportes y las contribuciones patronales se trasladó directamente al sistema previsional. Y así a fines de septiembre el sistema tenía 8.468.273 jubilados y pensionados, de los cuales sólo 3.221.945 accedieron sin recurrir a moratorias (38%).

Del resto, 3.553.017 fueron con moratoria, 1.502.248 corresponden a pensiones no contributivas y 211.063 a PUAM.

A eso se unió la degradación de los haberes previsionales. Sólo en los últimos 4 años – tras la reforma previsional de Mauricio Macri y los aumentos por decreto de Alberto Fernández- los aumentos de los haberes tuvieron una caída frente a la inflación de entre el 18,8% y 25,4%, según los rangos de haberes.

El 62% de los llamados beneficiarios del sistema cobran haberes bajísimos. Los que se jubilan con moratorias cobran el haber mínimo ($25.922 brutos), los de la PUAM el 80% de ese valor ($20.738) y las pensiones no contributivas el 70% ($18.146). Así Además del recorte del 20% con relación al haber mínimo, la PUAM no da derecho a la pensión por viudez por el fallecimiento del cónyuge.

Con 30 o más años de aportes, la jubilación ronda el 60% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años en el caso de los trabajadores en relación de dependencia quienes también tuvieron una caída en sus remuneraciones con relación a la inflación.

No es casualidad

Así las cosas, la disgregación del sistema previsional es el resultado, en apretada síntesis, de numerosos factores: en una primera etapa, con muchos aportantes y pocos beneficiarios, los excedentes del sistema fueron colocados en bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15% y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En otras palabras, las Cajas fueron vaciadas.

La tolerancia del Estado con la evasión y el trabajo no registrado luego derivaron en moratorias “generosas” para el pago de aportes retenidos y contribuciones no declaradas de los empleadores.

Se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. En los 90, se transfirieron a la ANSeS cajas provinciales y los déficits de las cajas no transferidas.

Con el argumento de abaratar la creación de empleo, se aprobaron constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad. En esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el sistema debió ser asistido con impuestos sobre los servicios públicos y asignaciones presupuestarias.

En 1994, con el argumento de la “quiebra” previsional se creó la jubilación privada a través de las AFJP invirtiendo —previo cobro de comisiones — los aportes también en títulos públicos y acciones, no sin prometer haberes mediocres.

En la crisis de 2001 se redujeron nominalmente los haberes y luego de 2002, ante la imposibilidad de reunir los 30 años de aportes, se impulsaron jubilaciones con moratorias – lo que engrosó el padrón de beneficiarios del sistema– y hubo aumentos del haber mínimo en detrimento del resto de los jubilados. Eso llevó a miles y miles de juicios en base a los fallos Badaro y Ellif de la Corte Suprema.

En 2008 se estatizó el sistema pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los 90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la ANSeS el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

En 2017, se modificó el régimen de movilidad y en 2018/2019, las jubilaciones y pensiones cayeron un 19,5%. Fallos de segunda instancia declararon inconstitucional la aplicación retroactiva de esa reforma.

A fines de 2019 se suspendió la fórmula de movilidad, y con los aumentos por decreto diferenciados, según los rangos, los haberes cayeron hasta un 8,7%. Fallos de Cámara declararon la inconstitucionalidad de esos decretos y ordenaron que ANSeS pague la diferencia entre lo otorgado y el 42,1% que hubiera arrojado la fórmula suspendida.

La Corte Suprema debe pronunciarse sobre la validez o no tanto en relación a la movilidad de 2018/2019 como a los aumentos por decreto de 2020.

Este año punta a punta, la movilidad superaría levemente la inflación, si la suba de los precios de noviembre y diciembre no superan el 3,8% mensual, con un balance 2018-2021 muy adverso para los beneficiarios del sistema. La caída del poder adquisitivo en estos 4 años rondaría entre el 18 y el 26% según los rangos de haberes.

El padrón de beneficiarios debería aumentar porque este año se aprobó el reconocimiento de hasta 3 años de servicios previsionales por tareas de cuidado para las madres con hijos. También la jubilación anticipada para los desocupados al 30 de junio de 2021 que cuenten con 30 años de aportes, sin moratoria. Y la jubilación especial para los trabajadores y trabajadoras de establecimientos viñateros y para los y las contratistas de viñas ( Ley 27.643) a los 57 años de edad, sin distinción de sexo, con 25 años de servicios, con aportes. La contribución patronal se incrementa en 2 puntos para financiar este régimen.

El sistema carga con 280.000 juicios en distintas instancias judiciales y 80.000 sentencias firmes. ANSeS está abonando unas 45.000 por año, pero el stock no se reduce por el ingreso de nuevos reclamos judiciales.

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Articulos relacionados