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Llegamos al 14, pero en mal estado y con la lengua afuera

Si todo el objetivo del Gobierno consistía y consiste en sostener la estantería hasta las elecciones del 14 de noviembre, así fuese a los tumbos y llena de parches, parece que al menos el riesgo de un tembladeral cambiario desestabilizante ha sido aventado. El punto es que el estado en que algunas de las grandes variables económicas llegarán al 14 da para cualquier cosa menos para festejar, y menos todavía para pensar, por si alguien lo piensa, en que estamos cerca de la salida.

Si hablamos del mercado cambiario y evitamos referencias rebuscadas en el pasado, tenemos para arrancar el fuerte contraste entre un dólar oficial atrasado o una inflación adelantada según se prefiera: siempre con el índice de precios del INDEC arriba, el diferencial canta casi 20 puntos porcentuales desde enero y unos 30 en la variante anual septiembre 2020-septiembre 2021. Y canta, de paso, que atrasar el dólar para combatir la inflación tiene acá el efecto de una aspirina.

Del mismo tipo, lo que sigue es la insostenible brecha que separa al dólar oficial de los dólares paralelos o financieros alternativos: 87% contra el políticamente corrosivo blue y 78% respecto del contado con liquidación, el más representativo del mercado legal. Para los especialistas, un 30% ya significa luz amarilla.

Toca, ahora, la peligrosa caída de las llamadas reservas netas del Banco Central, o sea, aquellas que descontados activos que debieran ser preservados, como los encajes de los depósitos, quedan a mano para cubrir necesidades de primer orden. Según cifras de la consultora LCG, las netas andan hoy en unos US$ 5.200 millones y las consideradas de rápida disponibilidad, que restan las tenencias de oro, se han reducido a muy endebles US$ 1.700 millones.

En un sistema desordenado como el que ha montado el Gobierno, hay entonces un atraso cambiario considerable que es como decir riesgo de devaluación, demanda de dólares o, al fin, presión sobre las reservas.

Acoplada, corre una brecha cambiaria igualmente grande detrás de la cual vuelven a moverse la especulación con divisas y el avance sobre la caja ya flaca del BCRA y juegan, además, rendidoras maniobras con la sub y sobrefacturación de exportaciones y de importaciones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, al teléfono. Foto Télam

Terminal de los tironeos, la pérdida de reservas netas marca US$ 3.000 millones desde mediados de julio, advierte sobre la proximidad de la zona de impagos y apura, como pocas cosas, la necesidad de encontrarle una salida al laberinto.

Falta añadir al inventario un par de factores de los potentes y favorables que al Gobierno le dejaron poco si no casi ningún beneficio que se pueda llamar beneficio.

Uno de ellos fue el salto en la cotización de la soja, que empujó exportaciones del agro por US$ 25.670 millones de enero a septiembre, un récord histórico que superó en nada menos que US$ 10.500 millones a las ventas del mismo período de 2020 y que ya pasó de largo a todas las de ese año.

El otro factor digamos propicio fueron los US$ 4.334 millones que le llovieron a la Argentina, por la parte que le corresponde de una ampliación del capital del Fondo Monetario. Impecable, salvo que así como se los asentó en el Banco Central así saldrán del Banco Central para pagar deudas con el propio FMI.

Conclusión: si no hubiese sido por los dólares de la soja y el pase del Fondo, los desajustes que iban a ser evitados habrían sido aún mayores de lo que son y cuentan los datos del mercado todos los días.

El presidente Alberto Fernandez presenta el proyecto de Ley Promocion Inversiones Hidrocarburiferas con Martin Guzman en Museo del Bicentenario. Foto German Garcia Adrasti

Queda claro, por donde se mire, que patear la pelota hasta el 14 de noviembre no ha reportado ninguna ganancia real y que el más de lo mismo del post 14 viene potenciado por el paso del tiempo y por el desgaste de materiales usados a destajo, como el cepo recontra remachado. Obviamente, el horizonte pinta apremiante.

Entre lo que viene o debiera venir, una indefinición clave manda que los accionistas mayoritarios del Gobierno, cada cual en su medida, definan qué se quiere, hacia dónde se quieren ir y con qué medios. Es un planteo hijo de las interminables pujas internas y se lo hace hasta alguien de trato habitual con dos de los socios que integran la sociedad formada por Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Con semejante definición pendiente suena a digamos normal que, en medio de un comentario crítico sobre las recomendaciones del FMI, Máximo Kirchner hubiese dicho: “Lo que nos preocupa es ver bien cómo se resuelve el tema del endeudamiento externo (…), porque cada dólar que se utilice para pagar la deuda es un dólar menos en salud, en educación, en el sector privado”.

El caso es que mientras el jefe de los diputados oficialistas sembraba dudas sobre la suerte del arreglo con el Fondo, el Presidente afirmaba: “El acuerdo está cerrado. Falta que se oficialice la baja de tasas”. Palabras contra palabras y más palabras.

Otra de Máximo en papel de librepensador fue cuestionar, por magros y poco expansivos económicamente, los recursos que el presupuesto de su propio gobierno le asignó al plan de obras públicas. Palo para Martín Guzmán, a sabiendas de que Alberto F. piensa mantenerlo contra vientos y mareas por lo menos hasta cerrar de verdad el convenio con el FMI y a sabiendas, también, de que el propio Guzmán está dispuesto a resistir hasta donde le sea posible.

Afirma un ex ministro que conoce el paño kirchnerista: “Se puede tensar la cuerda, hablar para la tribuna o negociar fuerte, pero no hay margen para romper con el Fondo y tampoco para entrar en default. No existe, en la cima del poder, nada parecido a rifar la poca confianza que aún conservan”.

Gente con llegada al FMI agrega que de ese lado sobra voluntad de acordar solo que por ese dilema del qué se quiere y adónde se quiere ir, en Washington todavía esperan una propuesta articulada y bien precisa del gobierno argentino. O mejor dicho, la esperan para después del 14 de noviembre.

Dicen: “Será en principio un acuerdo basado en compromisos fiscales y financieros, sin exigencias del tipo reforma laboral y reforma impositiva a todo trance. Una pieza si se quiere mediocre, adaptada a la crisis de la pandemia y por lo mismo de resultados mediocres”.

Un trámite liviano a simple vista, si no fuese porque ahí falta un dato que es al fin el dato: definir el porcentaje en que de entrada se clavará la nueva brecha cambiaria, dado que ni por error el Fondo va a convalidar un diferencial del 80% como el que muestra la Argentina. Puesto en términos más concretos: la cuestión es arreglar cuál será el piso desde el que arrancará la nueva banda y cómo se manejará el techo.

Hablar de tocar el piso es igual a hablar de una suba del tipo de cambio oficial y mentar, sin vueltas, la temible palabra devaluación. Por si se olvidó, llegado ese momento también estaríamos discutiendo sobre traslado a los precios y, en continuado, sobre recortes al poder de compra de salarios tanto privados como públicos, en las jubilaciones y pensiones y en cualquier otro ingreso que no pertenezca a la categoría indexados. Será un ajuste sobre piezas ya ajustadas.

Costo de un país que se ha quedado sin caja y sin quien le preste un dólar, una excepción a la regla que aprieta donde resulta más fácil apretar son los bonos atados al índice de precios y al dólar oficial que el Gobierno emite en cantidad para tapar el rojo fiscal. Verdadera, onerosa y aceitada bicicleta financiera del kirchnerismo que dice combatir la especulación.

Final a cargo de un analista con años de ver películas semejantes: “Aun cuando falta el dato de las elecciones, lo que tenemos hoy cuenta que el Gobierno no puede escaparle a un arreglo con el Fondo. Y cuenta, también, que de ahí no saldrá nada que modifique las expectativas radicalmente y menos que las cambie por sí mismo. Será al fin una manera de evitar que el cuadro se agrave”.

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