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De la ayuda social al plan de empleo: ¿es posible sin crecer?

El debate para reformular los planes sociales aumenta y ahora incluye al mundo académico, al Gobierno y hasta a las organizaciones piqueteras. El Indec informó la semana pasada los índices de desempleo y subocupación, un drama que afecta a 4,5 millones de personas. En paralelo y para afrontar la emergencia, proliferan los planes. “Más del 34% de los hogares recibe algún tipo de ayuda social, principalmente alimentos o dinero”, sentencia Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Dentro del Gobierno avanzan iniciativas para reconvertir programas sociales en planes de empleo, cuya fórmula y alcances por ahora se desconocen. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteó que “si no generamos condiciones de desarrollo, podemos dictar todas las leyes que se nos ocurran y no vamos a resolver el problema”. Y agregó: “Las leyes que tenemos que dictar son aquellas que favorezcan el desarrollo”.

Los especialistas sostienen que el crecimiento económico y la demanda laboral genuina son condición indispensable para salir de la encrucijada, pero no es lo único. “Hay dos aspectos centrales: la demanda de empleo y también la calidad de la oferta de los trabajadores”, explicó el economista de Fiel Juan Luis Bour.

La problemática es mucho más compleja de lo que parece. El mes pasado, Toyota reveló que no lograba cubrir 200 puestos de trabajo, cuyo único requisito era tener el secundario completo. Dicen los expertos que no es solo falta de capacitación, sino también la falta de disciplina laboral. “Hay personas que no tienen la gimnasia de trabajar todos los días”, comenta Fausto Spotorno, de OJF.

Son todas herencias malditas de una economía que estancada y que “no genera empleo formal desde hace 12 años”, grafica Bour. “Hay empresas -añadió- que no encuentran trabajadores, no porque pidan alta calificación sino porque no tienen la disciplina del trabajo diario, ni siquiera tienen la capacidad de relacionarse con otros”.

Los entendidos recomiendan evitar las lecturas prejuiciosas. En un cuadro de marginalidad y pobreza crecientes (42%), el socorro del Estado se concentró en otorgar beneficios y planes. Actualmente hay 140 programas sociales vigentes, cuyo alcance llegó a su punto máximo (el 53% de la población) durante la cuarentena del año pasado, con la implementación del IFE y la extensión de la AUH. Hoy, según la UCA, 4 de cada 10 argentinos recibe pagos por única vez, alimentos, medicamentos y asignaciones, entre otras cosas.

“La idea de transformar a los beneficiarios que perciben el ‘salario social complementario’ (mal llamados planes sociales) en trabajadores formales es atractiva, pero presenta varias aristas complejas para su implementación”, señala Ricardo Delgado, de Analytica. El economista interpreta que “la reconversión debería contemplar como mínimo planes de capacitación masivos para ir cerrando la brecha”.

En líneas generales, los especialistas coinciden en que el desafío es a largo plazo. Por lo pronto, trascendió que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social (que conduce Juan Zabaleta) presentará un proyecto para reemplazar planes por empleo formal. Para anunciarlo, convocaron a la CGT, organizaciones sociales y algunas cámaras empresarias, como la construcción, la gastronomía y la hotelería. Moroni dijo al respecto que la idea es “ir resolviendo de a poco, para ir incorporando trabajos formales estos a estos sectores”.

Las transferencias de dinero a los sectores vulnerables en sus diversos formatos (dinero, alimentos, remedios, subsidios a tarifas y programas de empleo, entre muchas otras) crecen en paralelo con el deterioro incesante de la economía. Así, en 1986, surgieron las cajas PAN. Posteriormente, durante la crisis de 2002 y con la pobreza en torno al 50%, vino el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que alcanzó a 2 millones de personas. Los programas actuales con mayor cantidad de beneficiarios son Sumar (4,8 millones de personas) y la AUH (4 millones).

En el actual contexto de crisis y recesión, la ayuda social es indispensable, pero para muchos está agotada. Los expertos debaten salidas. “Es muy difícil reconvertir planes asistenciales como la AUH en programas masivos de trabajo. Estos requieren muchas condiciones para que funcionen apropiadamente, entre ellas la capacidad de gestión y de monitoreo, algo muy complicado de hacer a gran escala”, dice el investigador de CEDLAS, Leonardo Gasparini.

El especialista añade que “obviamente todos los países tienen programas de aliento al empleo, pero no son programas masivos”. Sobre esta cuestión, Spotorno interpreta lo mismo. “Hay que analizarlo bien y contemplar un esquema que estimule la búsqueda de empleo, como por ejemplo, limitar el plazo de los planes”, dijo. Un plan de esas características implica por parte del Estado “una evaluación constante de los que reciben la ayuda a cambio de mantenerla”.

Bour recuerda que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó reformular algunos programas, que incluyeron, por ejemplo, incentivos para las empresas reclutadoras de personal. “Los resultados fueron extremadamente modestos”, subrayó el economista. Por otro lado, agrega que el avance de la marginalidad estructural representa un escollo de enorme proporciones para formalizar el empleo. “Hay personas que prefieren estar en actividades informales y evitan las exigencias de un trabajo regular”, señaló.

Al igual que Spotorno, Bour cree que reconvertir planes sociales en laborales tiene sus limitaciones. Una cuestión -enumera- es que esos programas no crezcan con el tiempo. “El éxito de un plan de empleo es que la gente se va porque consigue trabajo en una actividad propia o asalariada”, dijo.

Delgado postula que “el millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo son cuentapropistas de subsistencia, que integran el núcleo duro de la pobreza, y cuentan con muy escasa calificación para los actuales perfiles laborales del mercado registrado y los del futuro”.

La cuña fiscal entre el salario bruto y el neto

l especialista en temas tributarios César Litvin sostiene que el principal problema para generar empleo son los costos laborales. “La cuña fiscal -dijo el especialista- es la diferencia entre el salario bruto y lo que cobra el trabajador. Hoy, la brecha promedio ronda el 34%”, destacó al ser consultado por Clarín.

“La Argentina -agrega Litvin- tiene un importante problema de empleo que se origina por un lado en la falta de inversión y falta de masa muscular de la actividad económica”. A su entender, para mejorar este problema hace falta una reforma estructural en los regímenes tributarios, laborales y previsionales y “en un ataque al gasto público improductivo o superfluo”.

Sobre el debate de la reconversión de los planes sociales en empleo, opina que se debe impulsar un sistema de promoción que disminuya los costos laborales, “pero debe venir de la mano de una reforma de la ley de contrato de trabajo”.

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