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Por primera vez, una cámara de apelaciones ratificó procesamientos en un caso de vacunatorio VIP

Con largos argumentos que deshicieron las excusas y explicaciones de los imputados, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de dos enfermeras, varios funcionarios del hospital de esa ciudad chubutense y un grupo de afiliados a la filial local del sindicato de camioneros, por el robo y aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus. Es el primer caso de vacunatorio VIP ratificado en segunda instancia, y una poderosa señal para otras causas que se tramitan en Comodoro Py.

Integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el tribunal analizó los procesamientos dispuestos por la jueza Eva Parcio de Seleme, apelados por varios de los acusados.

“Es objeto de este proceso la sustracción de 30 vacunas SPUTNIK V segunda dosis, resguardadas en el Hospital Regional, así como la inoculación a individuos vinculados de algún modo al Sindicato de Camioneros o su Obra Social, pese a no presentar las condiciones que la normativa vigente, la resolución del Ministerio de Salud 2883/2020 que indicaba que para ser destinatarios de las mismas había que ser personal de salud afectado a la atención directa de personas sospechadas de COVID19″, comienza explicando la resolución a la que accedió Clarín.

Según la investigación, la enfermera del Hospital Regional Analía Muñoz, de manera voluntaria se habría sumado al grupo de trabajadores de la salud para colaborar en la Campaña Nacional de Vacunación. “Desde esa posición y previas negociaciones con Marcos Eugenio Paura, integrante del referido sindicato, habría elaborado un plan para la sustracción de las vacunas para ser suministradas al personal de esa entidad”, ratificaron los camaristas.

Con la complicidad de su colega Gabriela Torres, Muñoz habría robado al menos 30 Sputnik segunda dosis, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de este año, “con el objetivo de obtener un rédito económico aplicando las dosis obtenidas a personas que no reunían condiciones exigidas; en el caso dichas vacunas se aplicaron fuera de los lugares designados a personas vinculadas al Sindicado y Obra Social Camioneros, no siendo ninguna de ellas contempladas en ese momento en el Plan Estratégico de Vacunación.”

En la causa se obtuvieron chats de Whatsapp entre los imputados. Por ejemplo, el 9 de enero Muñoz le avisa a su colega que “vamos a vender vacunas a camioneros”, y que “necesito 30 dosis”. Torres le pregunta “de dónde se podrá sacar”, y Muñoz le responde “de vacunación”. Más adelante, también le dice que “nos robamos” “un termómetro de heladera” . Y Torres agrega “y los geles”.

Para los jueces Leal de Ibarra y Suárez, “del relato se extraen dos hechos que a nuestro entender son diferenciables: la sustracción de 30 vacunas Sputnik V, segunda dosis y la vacunación a personas que no reunían las condiciones exigidas por el plan nacional, previo concierto con terceros, todo ello a fin de obtener un rédito económico”. Los camaristas entendieron que el primer delito se trata de un hurto, y el segundo un caso de cohecho pasivo simple.

Un tramo de la resolución es especialmente interesante a la luz de los casos de vacunados VIP detectados en Buenos Aires y otras jurisdicciones, y también de la explicación -una de ellas- que intentó Alberto Fernández respecto del escándalo por el cumpleaños de su mujer en Olivos: “aun cuando no se hubiera materializado la aplicación de la segunda dosis, la existencia del acuerdo para obtener vacunas contra covid para inocular a un sector de la población que no reunía las condiciones que la normativa requería, en tanto no revestían carácter prioritario, a cambio de la promesa de dar una suma de dinero, concierta al tipo penal del cohecho pasivo simple, pues como delito de peligro no impacta en el disvalor de la acción y por lo tanto su reprochabilidad

“Muñoz era la encargada de vacunar en los días y horarios convenidos en el plan estratégico, sin embargo “retardó” -verbo típico, es decir descriptivo de un delito- la aplicación de la vacuna para aquellos que por ley tenían prioridad e “hizo” – otro verbo típico- aplicando vacunas a quien no correspondía”.

Otras consideraciones del tribunal chubutense calzan como un guante para describir los casos de vacunación VIP en el ministerio de Salud por ejemplo. “Como tanto se ha dicho mediáticamente, vacunar a quien en definitiva en algún momento seria vacunado, no pareciera un comportamiento deleznable y mucho menos penalmente reprochable. Sin embargo, la cuestión no pasa por el acto en sí mismo“, advierten los jueces.

“En el marco de una pandemia mundial, la vacuna para prevenir el virus, que en otras ocasiones sería un producto médico accesible para todos los ciudadanos resulta en esta ocasión un bien preciado. Este contexto es el que permite reprochar la puesta en peligro del bien penalmente tutelado por parte de la empleada pública y enfermera Muñoz y el tercero, en el caso integrante de un grupo de sujetos unificados por su actividad que pretendió y obtuvo al menos con la primera dosis ‘saltearse la fila del banco’”.

Lejos de las aprensiones y martingalas que tuvieron algunos magistrados porteños al abordar casos de vacunación VIP, en Comodoro Rivadavia entendieron que “aun considerando que pudiera haber mediado error, la información acerca de la vacunación y sus prioridades era tapa de diarios. Ni que hablar si tenemos presente que esta causa involucra a personal que se desempeñaba en la Obra Social, es decir que comprendía a su competencia, al menos, corroborar los extremos.”

Por eso, excepto dos faltas de mérito -para Jorge Benítez y Daniela Cocha- la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de Analía Muñoz -aunque cambió el delito por el que se la acusa por el de hurto en concurso real con cohecho pasivo simple-; de Marcos Eugenio Paura -modificando también la calificación legal a la de autor de cohecho pasivo simple– y de Jorge Omar Taboada, Pablo Gabriel Mansilla, Elías Héctor Guzmán, Silvina Alejandra Taboada, Vilma Nazarena Borau, Gisel Andrea Ampuero, Daiana Romina Cárcamo, Eduardo José Díaz Narváez; Marisa Victoria Torres, Cinthia Patricia Hernández, Noelia Elisa Moure, Silvio Gabriel Borau, Valeria Iemme Khoury, Valeria Analía Mansilla, Miguel Gastón Santana, Jessica Grisel Mondiger, Darío Esteban Guzmán, Cecilia Noemí Alvarado, Laura Beatriz Cárcamo, Sonia Alicia Campos y Yolanda Beatriz Gordillo, por considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de encubrimiento por receptación dolosa.

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