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Dura crítica de un organismo de derechos humanos a la gestión de Seguridad de Sergio Berni en la provincia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticó duramente la gestión del ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, y puso reparos sobre la de su colega de Justicia, Julio Alak, en su informe anual. A Berni lo acusa de tener un discurso a favor de la “mano dura”, permitir “el gatillo fácil” y de tener saturadas las comisarias con presos.

En ese documento titulado “el sistema de la crueldad” difundido ayer, también responsabiliza por la situación de los presos al presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, a la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la provincia, así como a los medios de comunicación. El informe se conoce en el arranque de la campaña electoral y cuando una mayoría de la población reclama mayor seguridad en la provincia.

La CPM, que presidente el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel pero en los hechos maneja su director el kirchnerista Roberto Cipriano García, dijo que el aislamiento por el Covid redujo entre un 25 y un 30 por ciento el delito en la provincia.  Este organismo, que tiene carácter autártico, tiene unos cien empleados y recibe más de cien millones de presupuesto anual de la provincia. Pérez Esquivel apoya políticamente al Frente de Todos.

La disminución de los delitos el año pasado “no implicó que la violencia y la represión policial no se incrementará: hubo un incremento muy importante de esa presión policial sobre los sectores más vulnerables y pobres de la población”, indicó Cipriano García.

“En 2019, la Policía detuvo 280.000 personas y en el 2020 detuvo 410.000, o sea, hubo 130.000 aprehensiones más en la provincia de Buenos Aires. Solo 37.000 de esas personas quedaron después detenidas, porque se comprobó su relación con algún delito” agregó el funcionario de la CPM.

Entonces, “la seguridad en la provincia significan un despliegue arbitrario y violento sobre todo en las poblaciones vulnerables”, agregó. Cipriano puntualizó dos casos resonantes de “gatillo fácil” como el de Lucas Verón en la Matanza, y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Recordó que desde el Ministerio de Justicia se planteó en el 2020 el diálogo con los presos “como un eje central para avanzar en el respeto de derechos humanos; no obstante, la represión desatada por el Servicio Penitenciario Bonaerense a principios de noviembre terminó anulándolo”. El SPB depende de Alak.

Otro dato central “es la actuación regresiva del Poder Judicial consolidando el incremento de la prisionización y la captación penal”. Pese a que durante la presidencia de la Suprema Corte provincial ejercida por Eduardo De Lazzari, que “finalizó en abril de 2020, se desplegaron iniciativas para adecuar las resoluciones judiciales a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. De Lazzari era un aliado de la CPM en la interna kirchnerista bonaerense.

Recordó que aceptaron la invitación para integrar una mesa interinstitucional de diálogo convocada por decreto 24/2019 del gobernador Axel Kiciloff “mientras en las cárceles se desarrollaba una huelga de hambre masiva producto de la crítica situación generada por la gestión saliente (de María Eugenia Vidal) que dejó a las personas detenidas sin provisión de alimentos”.

Luego a raíz de un fallo del juez de Casación Julio Violini, con el apoyo del hoy fallecido De Lazzari, hubo una excarcelación masiva de presos que provocó cacerolazos en las grandes ciudades de la Argentina.

Pero para la CPM “la fuerte presión de los medios de comunicación empresariales hegemónicos, la política regresiva de la Suprema Corte de Justicia provincial y la Procuración General, las contradicciones públicas de la propia gestión provincial (de Kicillof) expresadas en los discursos públicos del ministro de Seguridad Sergio Berni a favor de profundizar las políticas punitivas” hicieron fracasar la iniciativa.

A esto se sumó “los pedidos de juicio político del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a jueces que otorgaban arrestos domiciliarios o morigeraciones de personas en riesgo por la pandemia, retrotrajeron la situación al punto cero”.

En las políticas de seguridad de la Provincia de la mano de Berni se intensificaron tres rasgos: “1) retroceso en la conducción civil de las policías; 2) profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial; y 3) agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías”.

El incremento de personas detenidas en comisarías “alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas; entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 la población en estos ámbitos creció en 23 %”.

Entre 2012 y 2015 “las comisarías alojaron un promedio interanual de 1.640 personas, durante 2016-2019 a 3.510, y en 2020 el promedio anual fue de 4.849. Para las 1.200 plazas informadas por el Ministerio de Seguridad el año pasado, esto implicó una sobrepoblación del 295%”, agregó el informe.

La CPM en el 2019 realizó un polémico informe a pedido del ex juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en la que investigó si una docena de periodistas que tenían como fuentes al falso abogado Marcelo D’Alessio habría realizado “operaciones de acción psicológica” contra ex funcionarios K acusados de corrupción. En el informe, incluso imputaron delitos inexistentes a los periodistas.

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