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Constitucionalistas advierten sobre una “violación de la autonomía” de la Ciudad con las medidas

La decisión del presidente Alberto Fernández de decidir la suspensión de las clases por dos semanas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a raíz del aumento de los contagios por coronavirus, abrió un debate sobre hasta dónde llega el alcance del Poder Ejecutivo. Clarín consultó a tres constitucionalistas y todos coincidieron en que el jefe de Estado viola la autonomía de la ciudad como así también de los distritos que integran el AMBA.

El constitucionalista Daniel Sabsay fue contundente al afirmar que “el presidente está generando en los hechos una intervención federal a la ciudad de Buenos Aires a través de un decreto” al intervenir “en una temática que es de la policía local tanto la de educación como salud es local”.

“Generar una suspensión de clases obra en los hechos como una intervención que avasalla las facultades institucionales de la ciudad de Buenos Aires en la materia y de los municipios del AMBA. En ese caso también afecta a la Provincia, pero sabemos que detrás de esto está la mano de Cristina (Fernández de Kirchner) por lo que a la Provincia le va a parecer muy bien”, añadió el constitucionalista consultado por Clarín.

En este aspecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que a la hora de analizar el decreto presidencial se debe tener en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la estructura federal ocupa el mismo lugar que las provincias por más que sea la Capital Federal. Por eso advirtió que “no importa si es a través de una ley o un DNU, que tiene el carácter de ley”, la ciudad “puede adherir o no” a la norma.

“Fundamentalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la estructura federal ocupa el mismos lugar que una provincia. Por más que la Capital Federal sea el lugar donde la estructura federal desarrolla sus funciones, es un territorio autónomo y tiene la misma potestad y las mismas prerrogativas que una provincia“, remarcó el constitucionalista.

Gil Dominguez explicó que “no importa si es a través de una ley o un decreto”, la ciudad como el resto de las provincias “pueden adherir o no a la norma”.”Hay que ver el texto el decreto, pero por la información publicada hay ciertas zona de alto riesgo donde se imponen medidas uniformes”, apuntó el abogado, quien consideró que en esta situación “hay un límite muy finito porque como Estado federal puede decir que aplica determinada restricción donde existe una situación extrema, pero las provincias pueden adherir o no a la norma”.

Además, el constitucionalista remarcó que el gobierno nacional tendría que “justificar con datos empíricos muy fuertes”, en este caso la suspensión de las clases, porque “está quitando presencialidad a los chicos en los colegios”. “Tendría que presentar premisas que justifiquen que la actividad comercial continúe y las escuelas no sino la medida no es razonable”, insistió.

Para Gil Domínguez, cuando el año pasado se dispuso la cuarentena en todo el país no hubo margen de reclamo, pero aclaró que “si permite que el comercio funcione,cuáles son los motivos para que los chicos no vayan al colegio”.

Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro también cuestionó el alcance del decreto presidencial. “Lo primero que hay que preguntarse es si el presidente puede decidir que no haya clases en las provincias, digo también ciudad de Buenos Aires, que es una unidad federativa más. Y la respuesta es no porque es una potestad que le corresponde a las unidades federativas, a las provincias y a la ciudad”, dijo el constitucionalista en declaraciones a Clarín.

En esta situación, “la decisión del gobierno local va a prevalecer sobre el nacional”, aseveró Lonigro, quien precisó que “distinto es el tema del tránsito de las personas, porque en ese aspecto el gobierno nacional puede decidir y puede intervenir con las fuerzas federales”.

“Si es ley o DNU no importa, lo que va a prevalecer es la norma local cuando la potestad le corresponde al gobierno local. Aún cuando hubiera una ley del Congreso, prevalecería la decisión de Rodriguez Larrreta si eventualmente va mantener la presencialidad en las escuelas“, subrayó.

El resto de los anuncios tiene que ver con la movilidad. Esa si es una decisión que le corresponde al Gobierno nacional y podrían intervenir las fuerzas nacionales. Aunque aclaró que para clausurar comercios o cerrar escuelas sólo lo pueden hacer la autoridad local.

Para Sabsay, “en la Argentina se están siendo violados los derechos de una manera grosera“. “Son cerca de 100 DNU de un presidente que legisla por decreto mientras el Congreso de la Nación está reunido. La Constitución es clara cuando establece como principio general que el presidente no puede dictar disposiciones de naturaleza legislativa solo en casos excepcionales que impidieran el procedimiento normal de sancion de leyes y no es este el caso de ninguna manera”, puntualizó.

“Además de manera insólita, el Presidente se atribuye el poder de delegarle a los gobernadores la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que imiten lo que acaba de hacer. Es realmente insólito y de una gravedad institucional extrema”, concluyó.

GRB

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