Nuevo respaldo internacional para Daniel Santoro, periodista de ClarínPolítica 

Nuevo respaldo internacional para Daniel Santoro, periodista de Clarín

El periodista de Clarín Daniel Santoro recibió este sábado nuevas manifestaciones de apoyo internacional durante la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación (COLPIN 2019) que se realiza en la ciudad de México.

La conferencia fue inaugurada por la secretaria general de la Presidencia de México, Olga Sánchez Cordero, quien llamó a los gobiernos de América Latina a tomar medidas para fortalecer las investigaciones periodísticas de casos de corrupción en un acto realizado en el majestuoso Museo Nacional de Antropología.

Luego, el asesor de la UNESCO, Ghillerme Canela, lanzó el hashtag en Twitter “la verdad sigue viva” para apoyar las investigaciones de periodistas asesinados, amenazados o perseguidos judicialmente en la región.

En los últimos 10 años, 317 periodistas fueron asesinados en América Latina y otros tantos fueron amenazados de muerte o presionados con falsas causas judiciales. “Hay que detener la criminalización del ejercicio del periodismo”, coincidieron en decir las autoridades que abrieron la conferencia, entre ellas Sánchez Cordero, mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego el director (en el exilio) de Confidencial de Nicaragua, Fernando Chamorro (hijo del asesinado director de La Prensa por la dictadura somocista) expuso cómo el régimen de Daniel Ortega persigue a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos luego del asesinato de 328 manifestantes.

Daniel Santoro expone en el Congreso de Periodismo de Investigación de América Latina, en México.

La conferencia luego se trasladó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde Santoro expuso su situación judicial al haber sido procesado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como supuesto partícipe de una extorsión y una coerción en la causa de Marcelo D’Alessio.

Ante un auditorio completo, Santoro negó haber cometido algún delito y admitió que se equivocó, desde el punto de vista profesional, por no haber investigado al falso abogado que usó su nombre sin su consentimiento para extorsionar a dos empresarios.

Los panelistas Marcelo Beraba (fundador de la Asociación de Periodistas de Investigación de Brasil, ABRAJI), María Teresa Ronderos (CLIP, Colombia) y Diego Salazar (No Hemos Entendido Nada, Perú) coincidieron en que en el caso “no es una cuestión criminal y tampoco hubo dolo” en una causa marcada por las presiones del kirchnerismo.

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En cambio, sí se discutió sobre la necesidad de que los periodistas mantengan distancias de sus fuentes. También en que las notas a un ex directivo de PDVSA y al empresario K Mario Cifuentes que publicó Santoro son temas de interés público y la noticia “era relevante” para cualquier periodista.

Los participantes también coincidieron en rechazar el concepto de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que pidió Ramos Padilla y considera que es un delito cuando los datos circulan del periodista a la fuente -y no al revés- por tratarse de una “práctica habitual” en el periodismo de investigación.

Al término del debate, Santoro recibió aplausos y los apoyos del presidente de ABRAJI, Daniel Bramanti, del director de La Octava, Ignacio Rodríguez Reyna, de Chamorro, del director del IPYS de Perú, Ricardo Uceda, de todos los miembros presentes de la organización periodística Connectas, y del presidente de FOPEA, Néstor Sclauzero, entre otros.

Después hubo un panel sobre “El Periodista Enjuicidado”, durante el cual los directivos del Vance Center de Nueva York, Alexander Papachristou, y del Media Legal Defence Initiative de Londres, Emmanuel Vargas, manifestaron su compromiso de apoyar con acciones internacionales a Santoro.

Papachristou y Vargas recordaron que desde el caso de los Papeles del Pentágono -en que el gobierno de Nixon denunció al diario New York Times en 1971-, la Corte y la jurisprudencia de EE.UU. no enjuicia periodistas por filtraciones de documentos oficiales, sino a las fuentes. El titular del Vance Center recomendó a los periodistas investigar cómo se financian los abogados que en representación de ex funcionarios imputados en causas de corrupción querellan a periodistas.

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En este panel también se advirtió sobre el peligro de la demanda de la administración Trump contra el director de Wikileaks Julian Assange como una amenaza a la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sobre la libertad de prensa. Aunque hicieron una distinción entre el trabajo de un periodista, amparado por la Constitución, con el de un hacker.

En los debates también se evidenció que en varios países latinoamericanos varios gobiernos o partidos políticos abandonaron la estrategia de hacer juicios civiles a periodistas para iniciarles, en cambio, denuncias penales por terrorismo, espionaje ilegal, odio o crímenes comunes con el fin de frenar las investigaciones o provocar autocensura entre los periodistas.

Del mismo modo, Vargas advirtió sobre el avance del uso de denuncias de supuesta “lawfare” (guerra judicial) para atacar periodistas y buscar la impunidad de ex funcionarios acusados de corrupción.

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