Los precios de la economía que esperan definiciones de Alberto FernándezTecnología 

Los precios de la economía que esperan definiciones de Alberto Fernández

Durante su primer mes de mandato, Alberto Fernández deberá decidir sobre varios temas relacionados con los precios: tarifas de servicios públicos,  combustibles y continuidad de los “precios cuidados”. Además, si continúa la rebaja al IVA en alimentos, qué pasará con el transporte y si mantendrá el cepo al dólar. El paraguas de un acuerdo de precios y salarios, que mencionó Matías Kulfas, sentaría un probable marco bajo el cuál se tomen las decisiones de cada uno del resto de los precios.

En las tarifas, hay retrasos e incumplimientos de la actual administración tanto en distribución eléctrica (luz) como en gas. La regulación de la Edesur y Edenor -las concesionarias del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- salió de la órbita del Poder Ejecutivo nacional para pasar a manos de un ente-bipartito, conformado por representantes de la ciudad de Buenos Aires y la Provincia. El gobierno porteño definió a sus integrantes, pero falta el mismo paso por parte de su par bonaerense.

En agosto, cuando el Poder Ejecutivo nacional debía definir un incremento para Edenor y Edesur, se firmó el traspaso de la jurisdicción nacional a ciudad-provincia de Buenos Aires. En esa instancia, se les expresó a las empresas que el aumento tarifario les llegaría en enero. Según el marco regulatorio, podrán pedir otro en febrero.

En el kirchnerismo, el Estado subsidiaba más del 90% del costo eléctrico. El actual Gobierno revirtió esa tendencia, bajando el subsidio a casi un 30% del costo. SIn embargo, tras las devaluaciones, ese número volvió a subir. En electricidad, la demanda residencial solo está pagando el 45% del costo mayorista. Y las distribuidoras -al no tener tarifa adecuada- deben estar subsidiando el 30% de su margen. según evalúa un consultor del sector.

En las concesiones de gas pasa algo similar. Hubo un aumento en abril. Les tocaba el próximo en octubre. Pero, antes de aplicarlo, el ente regulador (Enargas) debe convocar a una audiencia pública. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que la convocaría para diciembre.

Las empresas de distribución de gas dependen del Estado nacional. Las petroleras que abastecen están cobrando cerca de US$ 3 por millón de BTU entregado (la unidad de medida), lo que es un mal promedio para el sector. Las distribuidoras (Metrogas, Gas BAN, Camuzzi) reclaman la actualización por inflación de los meses pendientes.

El destino del mercado de combustibles también es incierto. Desde el congelamiento de agosto, tras las elecciones primarias, el Gobierno autorizó dos incrementos, de 5% cada uno. Habrá otro el próximo 14 de noviembre, cuando termine el congelamiento. Será de entre 4% y 5%.

Las compañías consideran que aún están un 17% abajo con respecto a los precios de “mercado” o anteriores al congelamiento. Por eso proyectan otro 10% hacia fines de noviembre y diciembre. En caso que los políticos no lo permitan, la caja de las petroleras quedará restringida y eso afectará las inversiones en la formación Vaca Muerta.

En el entorno de Alberto Fernández se entusiasman con una ley que brinde seguridad a los inversores en energía. ¿Habrá libre disponibilidad para exportar crudo (y cobrarlo afuera), mientras las petroleras aquí deberán vender a precio regulado? es una pregunta que se hacen varios de los principales jugadores.

La eliminación del IVA a los alimentos caducará a fin de año. Los gobernadores protestaron contra la medida. El presidente electo debe decidir si continúa con esa medida. Daniel Arroyo, que asesora a Alberto Fernández en temas de Desarrollo Social, sugiere que la supresión del IVA prosiga hacia sectores de menores ingresos, a través de una tarjeta para sectores vulnerables y receptores de planes sociales, por ejemplo.

Los “precios cuidados” son una creación del kirchnerismo. Augusto Costa, que fue secretario de Comercio Interior en la implementación original de este programa, ahora será parte del equipo de Axel Kicillof, el electo gobernador bonaerense. La medida cumplirá 6 años el próximo 7 de enero.

De los 80 artículos que arrancaron en ese momento se escaló a más de 500. Las compañías de consumo masivo quieren seguir participando. Pero si se decide un “acuerdo de precios y salarios” de toda la economía, el programa perderá sentido, ya que su compromiso es el de tener los importes más bajos del mercado y con un precio estable que solo se modifica cada tres meses.

En transporte también volvieron las distorsiones. El actual Gobierno aplicó varios aumentos para que el Estado pague menos del costo de transporte. El esquema de subsidios se modificó, pero el Ejecutivo retuvo el manejo de los interjurisdiccionales (entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires), que son el grueso.

Los dueños de colectivos sugieren que la tarifa técnica para un desplazamiento debería estar en torno a los $ 30, o $ 10 más de lo que se cobra hoy. Para eso, hubo conversaciones para dos aumentos de $ 5 cada uno. De todas formas, el Estado subvenciona una parte del costo de los combustibles. También está prevista en su retribución que reconozca márgenes para el sector, renovación de flota y mantenimiento.

La mayor de las incógnitas es qué pasará con el cepo cambiario. Nadie cree que la próxima administración lo levante. Estiman que un acuerdo con los tenedores de deuda y los organismos multilaterales será un paso previo para que el mercado de cambios vuelva a ser libre.

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