El Procurador pidió a la Corte revisar la absolución de Carlos Menem en el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y CroaciaPolítica 

El Procurador pidió a la Corte revisar la absolución de Carlos Menem en el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia

El Procurador General de la Nación Eduardo Casal opinó ante la Corte Suprema de Justicia que se debe anular una absolución que benefició al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas de guerra a Ecuador y Croacia y ordenar que se dicte una nueva resolución. Ahora será la propia Corte la que decida si reabre la causa o confirma las absolución.

En un dictamen de 30 páginas al que accedió Clarín, Casal aceptó un recurso extraordinario elevado a la Corte por las querellas de la AFIP y la Aduana contra la polémica decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal  que en octubre de 2018 absolvió Menem y otros ex funcionarios, pese a que había sido condenado a 7 años y medio de prisión por un tribunal oral.

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La Cámara de Casación no decidió sobre la cuestión de fondo, pero aceptó que en el juicio, que duró 23 años, “se quebró el plazo razonable” para un acusado de tener una condena firme. El argumento fue, así, en línea con lo que plantearon los abogados del ex mandatario y actual senador nacional.

La resolución había sido tomada por la sala I de la cámara de casación integrada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques en el marco de una revisión de la condena ordenada por la Corte.

El dictamen de Casal, adelantado hoy por La Nación, argumenta que la dilación del juicio se justifica por la complejidad del caso y el hecho de que varios de los imputados son ex funcionarios, entre otros argumentos.

La causa había sido denunciada en 1995 por el abogado Ricardo Monner Sans en base a una investigación de Clarín.

En su dictamen, Casal destacó que coincidía con las querellas de la AFIP y la Aduana en que la misma Corte “descartó la extinción de la acción penal por afectación de la garantía del plazo razonable del proceso”. De modo que el pronunciamiento de la Cámara de Casación que declaró la extinción de la acción penal “importó un exceso de la competencia devuelta a los jueces de grado lo cual conlleva su invalidez como acto jurisdiccional”.

“El concepto de plazo razonable de un proceso supone un trámite sin dilaciones indebidas y, simultáneamente, sin cercenar el ejercicio de otros derechos de igual jerarquía normativa, que en el sub judite, corresponden a los derechos de defensa en juicio y a la revisión amplia de la condena dictada en la instancia de casación”, agregó Casal.

Por ejemplo, si no se hubiese permitido a las defensas apelar y pedir una serie de medidas que retrasaron el juicio sí se hubiese afectado el derecho al debido proceso.

En tales condiciones, subrayó Casal “resulta sorpresiva y arbitraria la sentencia dictada por la Cámara de Casación, que desconoció lo ordenado por la Corte en la causa e interpretó que al momento de expedirse en su anterior intervención no advirtió la conculcación del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, en contra del principio que establece que las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario”. En su dictamen, Casal se basó en la convención interamericana contra la corrupción y jurisprudencia de la Corte.

En octubre de 2018, los votos concurrentes de Catucci y Riggi argumentaron la absolución en “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”. Se apoyaron en parte de la doctrina de la Corte “inherente al exceso temporal para juzgar” en base al fallo llamado “Goye, Omar y otros sobre administración pública de diciembre de 2017.

Sin embargo, Catucci destacó que en el juicio existieron “serios errores que incidieron en el delito de contrabando y que además impidieron lograr el enjuiciamiento de los responsables de graves delitos responsables tales como falsedad documental, malversación de caudales públicos,  cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y enriquecimiento ilícito por corrupción”. Sin embargo, Catucci sostuvo que debía primar “una conclusión que respete los principios constitucionales y la garantía” a la defensa.

En disidencia, Mahiques propuso confirmar la condena a los ex directores de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Teresa Irañeta de Canterino, Luis Sarlenga, Julio Sabra, Carlos Nuñez, Haroldo Luján Fusari y Manuel Cornejo Torino y del traficante de armas Diego Palleros por contrabando. Mahiques consideró probada la responsabilidad de de éstos últimos.

Pero con diferentes argumentos a los de la mayoría, Mahiques consideró que correspondía absolver a Menem y Cornejo Torino porque “no se logró demostrar que hayan obrado con el dolo exigido” en el delito de impedimento del control aduanero, según los términos del Código Aduanero. Mahiques sostuvo que “no se probó” que Menem haya firmado tres decretos para exportar las armas con destino falso a Panamá y Venezuela “con el conocimiento y voluntad” necesarios.

La decisión la tomó la sala de ese tribunal de alzada integrada por Catucci, Mahiques y Riggi por considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para tener una condena firme en una juicio que empezó en 1995, es decir hace 23 años.

De esta forma, el tribunal no decidió sobre el fondo del tema, es decir si Menem es culpable o inocente por el contrabando de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia que se encontraban en guerra. Hasta el día de hoy al Ejército aún le faltan 36 cañones que el gobierno de Menem envió a Croacia durante la guerra de los Balcanes.

Como Menem es funcionario desde 1995 hasta la fecha no se pudo aplicar la prescripción de la causa por el vencimiento del derecho del Estado a perseguirlo judicialmente. Cuando hay un funcionario en una causa no se puede aplicar la prescripción.

En el 2017, otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal había condenado a 7 años y medio de Menem. En ese momento, la histórica decisión había sido tomada por la sala de ese tribunal integrada por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño.

Pero Menem apeló a la Corte Suprema de Justicia que ordenó un doble conforme de la condena y volvió la causa a la Cámara de Casación pero la mandó a otro sala distinta a la que había condenado al ex presidente. 

El caso de Menem es un antecedente para lo que pueda pasar en el futuro con la ex presidenta Cristina Kirchner quien ya tiene 13 procesamientos y seis juicios orales en marcha.

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