El Gobierno Nacional alienta que el financiamiento político se convierta en leySociedad 

El Gobierno Nacional alienta que el financiamiento político se convierta en ley

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, destacó los cambios que propone el proyecto de financiamiento político a la normativa actual y alentó que el próximo miércoles pueda convertirse en ley en la Cámara de Diputados.


El funcionario explicó que la iniciativa busca “terminar con el aporte en negro” para otorgar “transparencia” a la actividad de los partidos políticos. En ese sentido, mencionó que en la actualidad las empresas aportan a la vida institucional de los partidos, “pero no pueden aportar a la campaña; y lo que ocurrió con eso es que las empresas igualmente aportaron a las campañas electorales y lo que creció fue el aporte no registrado, o aporte en negro”.


“Queremos terminar con el aporte no registrado, que es lo más complicado, ya que las campañas son financiadas con dinero que no se sabe quién puso”, señaló en una entrevista con la agencia Télam.


Pérez recordó que el texto fue trabajado “mucho” en el Senado, donde recibió 48 votos a favor y dos en contra en la votación general, y que contiene “los puntos principales que buscábamos”. “La buena noticia es que salió con un consenso muy amplio”, remarcó, además de sostener que “aborda las principales falencias que tiene la ley” 26.215.

Bancarización y control

En opinión del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, “el punto más importante de la ley es la bancarización total de aportes y gastos”. Sobre esto, explicó que “el 50 por ciento de los aportes que reciben los partidos políticos son en efectivo, con lo cual hay una dificultad concreta con la ley actual de identificar quién ha sido fehacientemente el aportante”.


“Con la bancarización se termina eso y va a haber identificación fehaciente del aportante, trazabilidad del dinero, y es muy relevante ya que los aportes van a poder ser solamente mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, y eso permite un control exhaustivo y quién ha sido el aportante”, ponderó.


Otro aspecto que consideró importante es que establece “un marco para que quien controla, que es la justicia, pueda usar también los datos que están en otros organismos del Estado. Es muy importante que la justicia pueda cruzar la información con la que tiene la UIF, AFIP, Procelac y el Anses, para detectar posibles irregularidades en el marco de una campaña”.

Debate en Diputados

El proyecto de financiamiento político obtuvo dictamen de mayoría -con 40 firmas- en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.


La iniciativa, que recibió media sanción del Senado, tuvo el acompañamiento de Argentina Federal. En tanto, el Frente para la Victoria-PJ presentará un dictamen propio.


Pablo Tonelli (Pro) destacó que una de las modificaciones “más importantes” del proyecto es “la admisión de los aportes de personas jurídicas”, ya que actualmente se permiten los aportes, pero para “el desarrollo institucional” de los partidos, no para las campañas.


El titular de Asuntos Constitucionales subrayó que se extenderá el plazo de duración de las campañas electorales -pasará de 35 días antes de las elecciones a 50-, y la prolongación de 15 a 25 días previos a la elección para que el Gobierno no pueda “hacer anuncios de obras o cualquier decisión que pueda tener contenido electoral”.


El oficialista además señaló que se reduce del 10% al 5% el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales, y “se contempla y regula la publicidad electoral digital” algo que, opinó, “constituye una novedad y tiene una importancia que al día de hoy se explica por si sola”.


Otro de los puntos que ponderó fue el referido al aporte para impresión de boletas por parte del Estado, que pasará del 1,5 por elector al 2,5. Finalmente, Tonelli manifestó que la ley prevé “sanciones más severas” y “tiende a incrementar y mejorar el control de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de la opinión pública respecto del gasto que los partidos políticos hacen”.

Desafíos

En un análisis sobre las implicancias de aprobar la ley, el diputado Nacional Diego Mestre (UCR-Córdoba), sostiene que la ley de financiamiento de partidos políticos apunta al corazón del proceso electoral, adonde la democracia comienza a suceder. “Tenemos la oportunidad de aprobarla en la Cámara Baja y modernizar la manera en que los partidos obtienen sus recursos, otorgando claridad, credibilidad, control y equidad. Sin embargo, nos esperan más desafíos en el futuro. En términos generales, la ley establece un modelo mixto, por el cual los partidos podrán obtener fondos públicos y privados para el desarrollo de sus actividades. Para evitar fondos de origen oscuro, como podrían ser los del narcotráfico, no se permiten aportes en efectivo”. Consecuentemente, los partidos deberán conservar un registro exhaustivo de las recaudaciones. Para evitar propagación de datos no verificables que puedan confundir a los votantes, la Cámara Nacional Electoral (CNA) establece un registro adonde las empresas encuestadoras deberán estar inscriptas si pretenden publicar sus sondeos. Se prohíben los aportes de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan concesiones del Estado o sean sus proveedores. Tampoco los explotadores de juegos de azar. Las personas humanas y jurídicas podrán contribuir hasta el 2% de lo que indica la CNA. Para llegar a ese monto, se multiplica la base de votantes por un «módulo electoral» y a ese resultado se le calcula el 2%. En 2017, por ejemplo, el módulo era de $9,43. Hoy en día, la base de votantes excede los 32 millones. Con este límite se impide que grandes sumas provengan de un solo lugar.

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