Un fiscal consideró que la interrupción parcial de la Panamericana no es un delitoPolítica 

Un fiscal consideró que la interrupción parcial de la Panamericana no es un delito

En una decisión polémica, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió de una apelación de otro fiscal y consideró extinguida la acción penal seguida contra un grupo de manifestantes de la autopartista Lear que habían interrumpido la Panamericana y herido a once gendarmes. Para De Luca, los hechos que forman parte del objeto procesal de la causa “no son constitutivos” del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal -interrupción de la vía pública-, único por el cual los manifestantes había sido imputados. Además, De Luca precisó que el hecho bajo análisis no consistió en una interrupción total de la comunicación por vía terrestre, ya que el lugar donde se desarrolló la manifestación cuenta “con otras vías alternativas de circulación”, es decir, se interrumpió una vía que permite el tránsito veloz desde y hacia un centro urbano

La resolución se refiere a la manifestación del 8 de abril de 2014 donde los nueve imputados, junto a aproximadamente una cien personas, entorpecieron la libre circulación del tránsito en el Acceso Norte de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35,5, en su intersección con la avenida Henry Ford. Cuando la Gendarmería intentó de dispersar a la multitud con un camión hidrante, los manifestantes arrojaron piedras, palos, tornillos y botellas al personal de Gendarmería, lo que provocó heridas a once gendarmes.

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En junio de 2016, los imputados fueron indagados indagatoria y dos años después, en junio de 2018, el fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio, bajo la figura de entorpecimiento del normal desarrollo del transporte terrestre.

Pero en agosto de 2018 el Juzgado interviniente decretó extinguida la acción penal respecto de los imputados y, en consecuencia, los sobreseyó, al considerar que el fiscal no se encontraba habilitado para requerir la elevación a juicio y que tal medida solo buscaba evitar que prosperara la prescripción.

Pero la Cámara Federal de San Martín revocó tal decisión, coincidió en no otorgar efectos interruptores en el trámite de la prescripción al requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal, pero afirmó que no se había corroborado aún si el delito había sido cometido por los imputados.

Ante ello, el fiscal de la cámara de San Martín interpuso recurso de casación por la parte de la sentencia que decidió no otorgar efectos interruptores del trámite de la prescripción al requerimiento de elevación a juicio, el que fue rechazado y motivó la presentación en queja ante la instancia de Casación.

Al desistir del recurso, De Luca consideró que el requerimiento de elevación fue presentado “sin haber estado habilitada la etapa para hacerlo”, en momentos en que se encontraban pendientes de tratamiento recursos contra los procesamientos y, en base a ello, adujo que tal pieza procesal no puede tener el efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal en los términos previstos por el art. 67 del Código Penal.

El dictamen de De Luca puso de relieve que los hechos “no reunían los requisitos necesarios” para justificar una limitación al ejercicio de libertad de expresión y de reunión. En tal sentido, recordó el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2005, que considera ilegítimo que los gobiernos invoquen el mantenimiento del orden público “como medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”.

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