Odebrecht: el testaferro de Ricardo Jaime se arrepintió y acusó al primo del presidente Mauricio MacriPolítica 

Odebrecht: el testaferro de Ricardo Jaime se arrepintió y acusó al primo del presidente Mauricio Macri

En medio de la extensa ronda de indagatorias pautadas por el juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa que investiga el presunto circuito de sobornos alrededor de la adjudicación de la obra del soterramiento del tren Sarmiento, Manuel Vázquez -apuntado como testaferro de Ricardo Jaime-, declaró como imputado colaborador ante el fiscal Franco Picardi y contó que Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) pagó sobornos a ex funcionarios del Gobierno anterior y que fue “Calcaterra quien le ofreció el negocio” al ex secretario de Transporte, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Según declaró Vázquez, los pagos se hacían en bolsos en la oficina de Jaime.

La empresa Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular y obtener diversos contratos de obra pública. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre diferentes contratos adjudicados a la constructora brasileña, sospechados de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

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Uno de esos expedientes es el que llevan el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi, que investiga supuestos hechos de corrupción en el contrato para soterrar el tren Sarmiento. La obra de 3.000 millones de dólares fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. La constructora brasileña ya había dejado el proyecto tras las revelaciones de coimas.

Para la fiscalía hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio adjudicatario de la obra (Odebrecht, Ghella, IECSA, Comsa) y, en consecuencia, se generaron “modificaciones en el contrato original”, detrás de lo que se esconderían los supuestos sobreprecios.

Los sobornos se pagaron –según los fiscales- a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas radicadas en el exterior.

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Para Picardi quedó corroborado que la firma de Vázquez era “ficticia” con el único fin de generar “facturas por servicios no brindados”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Según el fiscal, muchos de los supuestos pagos de sobornos “fueron realizados vía empresas offshore, logrando de esta manera obtener distintos beneficios vinculados a la continuación y al avance del emprendimiento en cuestión –como por ejemplo adelanto financiero y certificados de obra”.

En el marco de este expediente declaró ante Picardi como imputado colaborador Manuel Vázquez, señalado como testaferro de Ricardo Jaime. Ambos, detenidos por otras causas judiciales, están imputados por cohecho. Aún falta que el juez Martínez De Giorgi homologue el acuerdo ee colaboración.

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Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, Vázquez se refirió a pagos ilegales realizados por Ángelo Calcaterra, entonces dueño de Iecsa, una de las principales firmas del consorcio adjudicatario de la obra. El primo del presidente Mauricio Macri también se encuentra procesado por cohecho en la causa de los cuadernos de las coimas, y aunque intentó justificar las supuestas coimas al gobierno kirchnerista como “aportes de campaña”.

Ahora, Manuel Vázquez señaló que Calcaterra pagaba sobornos a Ricardo Jaime entonces responsable del área de Transporte. Según los dichos de Vázquez, el primo de Macri fue quien propuso el negocio a Jaime, y entre ellos arreglaron las coimas para direccionar la licitación.

Según reconstruyó Clarín, Vázquez habría declarado que en las primeras reuniones se acordaron pagos en dólares, y después en función de los avances de obra “se hacían pagos en bolsos en las oficinas se Jaime”.

Además, Vázquez admitió ser un intermediario para que la estructura de sobornos se concrete, ya que fue quien presentó a Calcaterra con Jaime.

Ante la consulta de este diario, desde la fiscalía a cargo de Franco Picardi señalaron que hasta tanto no se homologue el acuerdo no se harán comentarios al respecto.

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Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, y a través de una red de empresas radicadas en el exterior. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el “pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero: “los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado”.​

Martínez de Giorgi distinguió al menos dos formas en las que se materializaron los pagos irregulares. Por un lado, a través de servicios de consultoría aparentememente inexistentes a CAESA, y también por intermedio de transferencias “que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.

Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro, directivo de Odebrecht. Se destacó que “en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del tren Sarmiento“.

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Para el magistrado, las instancias administrativas, una serie de reuniones previas a la licitación y el intercambio de e-mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicarían “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA.

CSólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, “se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo”, además, “no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos”, “se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes”, entre otras.

CS

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